A dos años de explotar, las esquirlas del caso Hermosilla y sus aristas han afectado a la Policía de Investigaciones (PDI): su exdirector tuvo que salir de su cargo y pasar por tribunales. Al Poder Judicial, con una destituida y ahora investigada Angela Vivanco; Ulloa y Sabaj también fuera.
A la Fiscalía con Carlos Palma y Manuel Guerra investigados. A los abogados con bueno Hermosilla, Vargas y Lagos formalizados. Y a notarios y conservadores.
Por todos los honestos en cada institución, es importante y por la ciudadanía, es clave que las instituciones estén a la altura.
No ha sido así. Pronunciamiento tardío y tímido diría del Colegio de abogados, una Corte Suprema que no fue capaz de sacar a Ulloa y en suspenso si el ímpetu de los fiscales Wittner y Carrera será la norma o la excepción en casos que se alargan demasiado.
Un Parlamento que ayer dio el ancho, pero que al escuchar sus discursos indignados por el sistema de nombramiento de jueces, uno pensaba “ojalá fueran senadores para que pudieran cambiarlo”. ¿Y el gobierno? También responsable de no haberle dado urgencia a esta reforma.
Ya no se necesitan golpes de Estado para matar una democracia. Tanto la daña la ineficiencia de sus políticos como la corrupción, mientras el crimen organizado sonríe.
La Justicia que debe ser el último refugio tiene que ser defendida como tal. Muchos ahí hace rato se habían sacado la venda para mirar sobre quienes fallaban y eso indigna a los jueces probos.
Porque una cosa es creer, pero infinitamente más duro más duro es constatar que… No hay desayuno gratis. Las facturas están en nuestra mesa.
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