Tras la lectura realizada por el juez Sallés, han salido diversos entendidos en la materia que cuestionan los argumentos.
Los argumentos jurídicos que entregó el juez en el caso tsunami, Ponciano Sallés, fueron contundentes. En ellos separó a imputados técnicos de políticos y argumentó que los primeros (que en este caso serían Johaziel Jametty Andrés Enríquez), actuaron con negligencia e imprudencia temeraria.
Con respecto a los otros imputados, la ex directora de la Onemi Carmen Fernandez y el ex Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, el juez fue categórico, señalando que lo realizado pro ellos fue “improvisación absoluta en la toma de decisiones relevantes para la población civil la madrugada del 27 de febrero […]Miedo a tomar una decisión que pudiera, eventualmente, haber traído consecuencias de carácter político”
Algunos especialistas en derecho penal no coinciden con los argumentos del juez, argumentando que en este caso no habrían hecho constitutivos de delitos.
Además el Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, señaló que no debería haber cambios en la conducción de la investigación argumentando que “la que mejor que la conoce (la investigación) es la fiscal regional Solange Huerta y los excelentes fiscales que la acompañan”
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