Hay cuestionamientos en torno a la reducción de garantías de la actual legislación.
Algunos la defienden y otros creen que debe ser modificada. La aplicación de la ley antiterrorista ha sido uno de los principales factores de la mala relación entre el gobierno y el poder judicial, que durante el fin de semana remarcó la controversia a partir de las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el Presidente Piñera.
Sergio Urrejola, Presidente del Consejo de Seguridad del Estado, quien terminará su período al mando este mes, afirmó que la clasificación de terrorismo es “subjetiva” respecto a si una acción produce o no terror. Pero la ley ha sido incluso cuestionada por la ONU, que calificó su aplicación en Chile como “arbitraria y confusa”.
Así, existen cuestionamientos a la ley que radican en la reducción de garantías de la actual legislación, que no son compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. Así lo asegura el defensor nacional Georgy Schubert, quien explico que está la existencia de testigos sin identidad y ciertas restricciones a las libertades. No obstante, otros expertos remarcan que toda ley antiterrorista en el mundo “por esencia es más restrictiva en los derechos de las personas”.
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