La iniciativa fue aprobada por por la Cámara baja en su tercer trámite legislativo.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que pone fin al sistema binominal. La iniciativa despachada por el Congreso quedó listo para ser promulgado como ley de la República, siendo amparado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet con el objetivo de conseguir “un sistema electoral más representativo”.
“Hoy día se cierra un largo camino, después de 25 años hemos dicho chao al binominal en nuestro país. Lo dije en la sala y lo repito: sin lugar a dudas, hoy día es un día histórico y la presidenta Bachelet ha sido clave para impulsar este proyecto de ley, pero también y conjunto con ella, lo han sido los diputados y senadores que han materializado estas votaciones históricas“, recalcó la ministra Secretaría General de la República, Ximena Rincón.
Ante el requerimiento que se hará frente al Tribunal Constitucional, la ministra recalcó que tienen la convicción de que el proyecto se enmarca dentro del orden constitucional. “Dentro de la institución hemos derrotado una herencia del pasado“, recalcó la ministra. El diputado Ricardo Rincón (DC), en tanto, llamó a la UDI a no pretender “en el Tribunal Constitucional alterar lo que se ha forjado en democracia, los trajes a la medida existen en dictadura, no en democracia”.
Mientras desde la Alianza rechazaron la iniciativa con el aumento de parlamentarios, con palabras que apuntaban a “un traje a la medida” de La Nueva Mayoría, el diputado independiente Gaspar Rivas aseveró que se pasó de “un sistema pésimo, de porquería” por un sistema “que trae la misma distorsión”. El parlamentario aseveró que saldrán electos personas que no tendrán la mayoría.
Desde Amplitud, el diputado Pedro Browne aseguró que el proyecto sí es un traje a la medida, pero de la democracia y que es un proyecto acorde a las necesidades del país. Nicolás Monckeberg, diputado de RN, por otro lado afirmó que habrá un retroceso en el sistema, debido a que a su juicio el mayor número de parlamentarios implicará mayor gasto para el Estado y que “no responde a ningún principio”.
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