De acuerdo a un documento de la Fiscalía de Estados Unidos, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Sergio Jadue, habría recibido sobornos relacionados a la disputa de las próximas ediciones de la Copa América.
Nuestro medio asociado La Tercera informó que la empresa Datisa canceló 100 millones de sobornos por los derechos televisivos de las próximas cuatro Copa América. Los pagos se realizaron entre junio y septiembre de 2013, a través del uso de instituciones financieras en Estados Unidos y a los presidentes de las asociaciones de Brasil y Argentina se les canceló tres millones de dólares.
El reporte surge el mismo día que varios dirigentes de la FIFA fueron detenidos en Suiza acusados de corrupción. En la organización aseguran que la elección de este viernes, donde se elegirá al nuevo presidente de la Federación, se realizará independiente de este hecho.
En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol llamó a través de un comunicado a: “Repudiar todo acto de corrupción y apoyar irrestrictamente las investigaciones iniciadas y las que se iniciaren tanto a la FIFA, Conmebol, Concacaf, respecto de supuestos actos irregulares, comprometiéndose en colaborar abiertamente con dichas investigaciones”.
Además, la asociación emplazó a “respetar, en cualquier circunstancia del juzgamiento, de la declaración de la inocencia o la culpabilidad de las personas involucradas” y llamaron a “velar, por la vigencia de la verdad, la ética y la transparencia de las actividades de la FIFA, Conmebol y Asociaciones integrantes”.
Lo más leído
- Karla Rubilar cuestiona informe del 18-O y sale en defensa del expresidente Piñera: "Es una conclusión débil, injusta y dolorosa"
- Francisco Riveros, ministro del Deporte: “El mandato que tengo no va en línea con generar un desmedro al ministerio”
- Enap confirma alzas de más de $30 en las bencinas y casi $100 en el diésel para esta semana
- Día de la Papa Frita 2026: Revisa las promociones para celebrar este 20 de agosto
- Ministra de Medio Ambiente tras revés en el TC: Aseguró que “no altera” la agenda ambiental del Gobierno
