Hasta 10 años de cárcel podrían arriesgar quienes se coludan y alteren la libre competencia. Así lo establece el proyecto de ley que hace siete meses ingresó a la Cámara de Diputados, que se encuentra en primer trámite legislativo tras ser firmado por la presidenta Bachelet en marzo pasado.
Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo sólo permite que el Fiscal Nacional Económico sea quien presente las querellas, algo similar a lo que ocurre con los delitos tributarios y el Servicio de Impuestos Internos.
En el informe adjunto conoce los detalles de este polémico artículo.
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