Representantes de las instituciones acusaron al gobierno de querer “expropiar” sus bienes.
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El vicerrector del IP Los Leones, Juan Matulic, indicó que si bien la posibilidad entregada por el Gobierno a los IP y CFT de cambiar su personalidad jurídica para adscribirse a la gratuidad fue propuesta como voluntaria, en caso de no hacerlo esa institución “no tendría ninguna posibilidad de subsistir”.
Además, aseguró que expusieron ante la comisión de Educación del Senado que la ley actual “no tiene sustento”. “Tenía sentido esta ley corta en la medida en que nosotros podíamos acceder a la gratuidad. La solución que se optó entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo es que se definían distintos valores para la beca Nuevo Milenio”, explicó.
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