La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió orden de no innovar y suspendió el funcionamiento temporal del relleno sanitario Santa Marta.
El recurso de protección fue interpuesto por los alcaldes de San Bernardo y Talagante, Nora Cuevas y Raúl Leiva, quienes alegan una “vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
Minutos antes de conocer esa información, el gerente general de la empresa había confirmado que el incendio en el relleno se encuentra controlado prácticamente en un 100%.
De manera adicional, las investigaciones continúan en manos de la Policía de Investigaciones, que realizó un allanamiento a las oficinas del consorcio para reunir documentos físico y digitales.
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación.