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Ex ministro de la Segpres es investigado por asesorías a Antofagasta Minerals.

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En entrevista con CNN Chile, el fiscal Manuel Guerra profundizó en la apertura de una investigación contra el ex ministro Jorge Insunza, explicando que se abrió de oficio por parte del Ministerio Público.

En esa línea, explicó que “había una información de antigua data” que daba cuenta de que Insunza, en la época en que fue diputado, prestó servicios de asesorías a mineras, como Antofagasta Minerals y Codelco, a través de una empresa familiar. Los hechos que se investigan son posible cohecho, negociación incompatible y delitos tributarios.

“Estamos en una etapa muy preliminar, hemos decretado las primeras diligencias”, explicó afirmando que se pueden abocar en su investigación por los avances que tienen en otras causas.

Además, el fiscal Guerra recalcó que “se debe investigar a todos los sectores políticos” más allá de las peticiones que ha hecho Chile Vamos y sostuvo que en el Ministerio Público no existe sesgo. “No es una respuesta a las peticiones que haya hecho un sector en particular”, agregó.

El fiscal Guerra explicó que en el Ministerio Público deben indagar si el caso de Insunza “se parece en algo a la situación de Longueira o Jaime Orpis” y que, debido a que participó en la comisión de Minería, se debe indagar sobre su caso para transparentar la situación.

Respecto al caso Penta, explicó que hay una “posibilidad abierta” de llegar a un juicio oral, asegurando que no aceptarán un juicio abreviado en el que los cabecillas del grupo no acepten su responsabilidad. En tanto, sobre el caso Orpis, el fiscal Guerra explicó que el senador quedó con prisión preventiva porque está imputado por fraude al fisco reiterado, por lo que la pena potencial podría ser de hasta 10 años y un día.

Manuel Guerra también dijo que falta más voluntad política para aumentar las sanciones contra delitos de cuello y corbata, afirmando que esa situación “no tiene explicación”. Asimismo, afirmó que el Ministerio Público busca dar garantías a la ciudadanía y por eso plantean la necesidad de que la titularidad de la acción contra la colusión esté en manos de la Fiscalía.

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