La Defensoría Penal Pública informó a través de un comunicado de su remoción del caso Luchsinger.
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Asimismo, explicó que trabaja a honorarios para la Defensoría Penal Pública, pero recalcó que la legislación da causales expresas y que por ahora no se le ha notificado de “ninguna causal de despido alguno”.
Manuela Royo recalcó que “es importante” afirmar que se le iba a solicitar la desvinculación de la causa y su destitución, pero que “la relación de una defensora con su imputado” se rige por la ley y que entre las atribuciones “no está la de alejar a una de una defensora del imputado”.
En esa línea, explicó que sigue manteniendo el poder y patrocinio de su representado, por lo que a su juicio el defensor local jefe no la puede destituir y que debe pensar si sigue involucrada como abogada particular. En esa línea, recalcó que recibió el apoyo de la familia de su defensora.
Además, sostuvo que si la removieron del caso “fue por presiones políticas”, promovidas desde Renovación Nacional, y no por afectar la defensa técnica de su representado.
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