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Aunque resulten populares los anuncios, cuando la seguridad ciudadana se mantiene entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía, el tema exige un debate riguroso. Dotar a los guardias municipales de bastones de electroshock o uso de gas pimienta  no es simplemente correr la frontera para entregar metodos de defensa correlativos a la violencia del delincuente.

En un estado de derecho, la policía es el único organismo público facultado para hacer uso de la fuerza. La constitución así lo establece y le entrega  el rol a Carabineros y PDI. Pero paralelamente, un marco normativo para el uso adecuado de esa facultad y obligaciones legales al policía.
Las instituciones por su parte, tienen la obligación de formar a sus cuadros en el conocimiento de derechos y deberes.

Es una legitima posibilidad crear un cuerpo de policía municipal que incluya la formación del personal. Incluso, simplemente aumentar las facultades de las actuales para reemplazar a Carabineros en cuestiones administrativas o ligadas al tránsito. Lo que no parece razonable es la idea de premiar a guardias que detengan a los delincuentes. Es un incentivo perverso que puede poner en riesgo la vida de un funcionario sin el entrenamiento apropiado y peor aún, retrotraernos la ley del Oeste con el respectivo cartel de “recompensa”.

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