«Frutillar» fue la palabra más tuiteada esta tarde. Y no por alguna nota turística sobre la belleza de ese balneario, sino por la autorización judicial para que el desaforado senador Jaime Orpis cambie su lugar de arresto domiciliario durante sus vacaciones familiares.
Muchos se indignaron por este permiso veraniego, para un formalizado por cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. Pero la verdad es que el problema no es Frutillar.
Hay que recordar que Orpis no ha sido condenado y por lo tanto se le presume inocente. Tal como la nuera de la Pdta, Natalia Compagnon (autorizada a viajar a Miami), el ex ministro Pablo Longueira, el candidato Marco Enríquez-Ominami, los dueños de Penta… o la machi Francisca Linconao.
Todos ellos tienen derecho a esperar en libertad su juicio, salvo circunstancias excepcionales que hagan necesaria una medida cautelar como el peligro para la sociedad o la investigación. No se consagra la impunidad por las vacaciones de alguien que goza presunción de inocencia. Pero ojo a TODOS debe reconocerse que gozan de esa presunción, no sólo a quienes se ve cercanos familar, social o ideológicamente.
La impunidad no es Frutillar. La impunidad es que en estos casos, de ser condenados, las penas que arriesgan los responsables no se condicen con la gravedad de los delitos. Y lo mismo corre para la mayoría de los acusados por hechos tan graves como dejarse coimear, o robarle al Fisco.
Y la impunidad es también que esos veredictos no generen condena social en los círculos del poder político y económico. Así ocurrió con Jovino Novoa, condenado por delitos tributarios, que no fue a la cárcel ni recibió sanción alguna de su partido.
Es esa impunidad la que corroe hasta sus cimientos la fe pública en la justicia y en las instituciones.
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