Hoy lo más probable es que no se produzca la quiebra de la Isapre Masvida gracias a la entrada de un socio estratégico que permitiría salvar la situación financiera que llevó a una clínica a cerrar convenios con la Isapre, perjudicando a los afiliados. La situación encendió varias alarmas que van desde la tardanza de la superintendencia para evitar llegar a ese punto, hasta la necesidad de plantearse un plan de contingencia ante una situación similar de ésta u otras Isapres. Ahí aparecen deudas pendientes de las autoridades.
Lo primero y más importante, la indefensión en que quedan los usuarios. Pese a ser un problema sobre diagnosticado, el Gobierno no envía a trámite el proyecto de ley que, entre otras cosas, podría eliminar definitivamente la preexistencia de enfermedades como causa para impedir o dejar sin efecto el cambio de Isapre.
Hoy, buena parte de los 500 mil afiliados a Masvida se hubiesen visto obligados a emigrar a Fonasa… Y la pregunta es qué pasaría entonces ¿Está el sistema público de salud capacitado para recibir una migración masiva?
Desde el Ministerio de Salud aseguran que sí. Sin embargo, las cifras generan dudas.
La deuda hospitalaria a fines de 2016 ascendía a más de 191 mil millones de pesos y una de las razones es que los aportes de Fonasa financian solo una fracción del costo de las prestaciones de salud, lo que genera un déficit operacional que crece año a año.
Hoy la Junta de accionistas de Masvida debe decidir si acepta la entrada de Gamma Capital y salvar así la contingencia. Sin embargo, es necesario atender a las falencias que este caso deja al descubierto.
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