Sebastián Piñera y su familia fueron socios mayoritarios en el proyecto de Minera Dominga. Esa fue la revelación esta mañana de nuestro medio asociado radio Biobío.
Un antecedente hasta hoy desconocido, y muy importante, porque coincide con el inicio de la presidencia de Piñera y con su decisión de frenar con un telefonazo -saltándose la institucionalidad ambiental- la termoeléctrica Barrancones…
Con ello puso fin a un proyecto que impactaría la misma área geográfica que Dominga, la que ahora sabemos, era en parte propiedad de su familia. No hay ninguna prueba de que ambos hechos hayan estado relacionados, pero sí es evidente que hay un conflicto de interés que no fue transparentado.
Porque Piñera tomó una decisión como Presidente, que eventualmente podría afectar sus intereses económicos, y lo hizo sin revelar a la ciudadanía, ni mencionar en su declaración de intereses, su vínculo con Dominga.
Hay más hechos complejos: esa inversión fue vendida luego a Carlos Délano, amigo del Presidente y controlador de Penta. Ellos comenzaron a tramitar el permiso ante las autoridades, mientras simultáneamente el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, recibía pagos de Penta.
Una relación por la cual se investigan, como parte del Caso Penta, posibles sobornos y cohechos entre la ex autoridad y los controladores del grupo.
Como siempre hemos defendido en este espacio, eventuales delitos deben ser determinados sólo por los tribunales. Cosa distinta es la evaluación política de las acciones de las autoridades, especialmente de una tan alta como el presidente de la república.
Y en este caso, claramente, no se actuó ni con la transparencia, ni la separación rigurosa entre cargo público e interés privado, que nuestra democracia exige.
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