“De máximo riesgo”. Así calificó el ministro de Hacienda el proyecto que busca quitar a Impuestos Internos la exclusividad de actuar en delitos tributarios.
Una iniciativa que permitiría a los fiscales perseguir penalmente sin querella del servicio cuando haya antecedentes de que se violó la ley.
El ministro Valdés extremó recursos para frenar la iniciativa; no sólo llego al Congreso para oponerse. Además, advirtió que el gobierno hace reserva de constitucionalidad, es decir que podría ir al Tribunal Constitucional si la norma es aprobada por los parlamentarios, quienes en todo caso tampoco muestran mucho interés.
De hecho la sesión no pudo partir a la hora acordada por falta de quórum, porque llegaron apenas 30 de los 120 diputados, un cuarto de los integrantes de la Cámara.
Más allá de razones técnicas o procedimientos, todos sabemos cuál es el tema de fondo: que Impuestos Internos ha sido una eficaz barrera para impedir que la Fiscalía pueda investigar los casos de platas políticas.
Apenas hubo evidencias de que estos casos eran transversales, y que también tocaban el oficialismo, Impuestos Internos dejó de querellarse… y cuando las máximas autoridades del servicio intentaron actuar con autonomía, fueron sacadas de su cargo y reemplazadas por directivos que han mantenido a rajatabla la política de arreglar todo con simples multas, e impunidad penal.
Por eso, tiene razón, el ministro de Hacienda. Un proyecto como este es de máximo riesgo.
De máximo riesgo para esos empresarios que financiaban ilegalmente a políticos, y para esos políticos que recibieron gustosos esas dádivas.
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