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(CNN Español) – El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, compareció este martes desde Bruselas por primera vez desde que España presentó cargos por su cruzada independentista para aclarar que no pedirá asilo político en Bélgica.

“No estoy aquí para pedir asilo político. Estoy aquí en Bruselas como la capital de Europa. Estoy aquí con el fin de actuar con libertad y seguridad”, dijo Puigdemont en declaraciones a la prensa, que dio en cuatro idiomas (catalán, francés, inglés y español).

Sus comentarios llegan horas después de que su abogado, Paul Bekaert, le dijera a CNN que Puigdemont estaba considerando la idea de pedir protección en Bélgica.

Miembros del gobierno de Puigdemont viajaron con él, agregó Bekaert.

En la muy esperada comparecencia, el depuesto presidente de la Generalitat de Cataluña se refirió a uno de los principios de la Unión Europea, la libre circulación, y dijo que él estaba ejerciendo ese principio en este momento. Algo que coincide con sus abogados. que recordaban este lunes que él no estaba huyendo.

Este martes por la mañana el Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella contra los exmiembros del Parlamento catalán. Aún queda por saber la respuesta de la Audiencia Nacional, organismo ante el cual la Fiscalía presentó la querella contra Puigdemont.

En su discurso, Puigdemont también reiteró que su gobierno había ofrecido diálogo al gobierno español pero que se había encontrado una puerta cerrada. El expresidente catalán también criticó la aplicación del artículo 155.

“Estamos apoyando las diferentes iniciativas que se estaban y están poniendo en marcha para evitar que la aplicación del artículo 155 se lleve a la práctica y acabe desmontando el sistema institucional catalán”, dijo Puigdemont.

“En esta línea apoyamos a los sindicatos, a las entidades, a los cargos directivos del gobierno que se han quedado en sus puestos de trabajo y les pedimos que hagan todo lo posible para evitar la demolición del sistema institucional catalán”, agregó.

Puigdemont llegó a Bruselas el mismo día en que el fiscal general de España, José Manuel Maza, dijo que buscaría imputarle cargosde rebelión, sedición y mal uso de los fondos públicos contra él y otros miembros de su gobierno.

El cargo de rebelión está castigado con una pena máxima de 30 años de prisión.

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