La investigadora asociada de la Fundación P!ensa analizó la baja en la tasa de natalidad en Chile y su impacto en diversas áreas de interés general para la población del país, como el desarrollo de políticas públicas que beneficien a los habitantes.
Uno de los temas que ha reaparecido recientemente en el debate público a través de columnas de opinión y publicaciones en diarios, es la baja en la tasa de natalidad. Esto, porque hace poco conocimos que la de Chile sigue bajando y se encuentra en 1,2 niños por mujer, muy por debajo de los 2,1 que se necesitan para un reemplazo natural de la población y la de 2 que teníamos al comenzar los 2000.
Esta cifra puede parecer a priori un tema de género, o dar pie a una discusión de por qué las personas en este país quieren tener hijos o no, sin embargo, la cifra no es solo alarmante, sino primordial para ser tomada en cuenta en el desarrollo de políticas públicas en diversos ámbitos.
Una de ellas es la reforma de pensiones. Una tasa de natalidad de menos de 2,1 hijos por mujer hace automáticamente inviable migrar hacia un sistema pura o mayoritariamente de reparto -como es la ambición del FA y el PC-. Parte de la lógica de este sistema es que la población laboralmente activa y que cotiza financia las pensiones de aquellos que están jubilados. En una pirámide poblacional que ya se está invirtiendo, y donde las personas de la tercera edad representarán más de un cuarto de la población a 2050 -estimación del INE que probablemente se queda corta-, un sistema de reparto necesitaría una fuente de financiamiento alternativa al cabo de pocos años de adoptarse.
El crecimiento de la informalidad -más pronunciado en las mujeres- es otra estadística que se debe mirar a la luz de los dos puntos expuestos anteriormente; la baja natalidad y un sistema de pensiones de reparto. Una serie de documentos sugieren un efecto causal entre el nacimiento del primer hijo y la baja en la oferta laboral de las mujeres posterior a este acontecimiento. No solo se ve el impacto en el salario y la brecha de este con los hombres estudiada profundamente por la premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin, sino también en cuánto las mujeres están dispuestas a participar del mercado laboral formal.
En Chile, probablemente el efecto causal no es tal porque la decisión de tener hijos se posterga o se descarta justamente en pos de participar activamente del mercado laboral. Y en el caso de la informalidad, desde la pandemia se ha visto un aumento significativo en las tasas de informalidad de mujeres que realizan trabajo familiar no remunerado, superando incluso los máximos de julio de 2020. Analizándolo por tramo etario, el aumento más pronunciado de la informalidad se ve en las mujeres de entre 25 y 34 años, así como en las de más de 55 años, segmentos que son protagonistas en una dinámica familiar con hijos pequeños.
Lo descrito anteriormente también impacta de manera estructural al mercado laboral. Uno de los recientes informes de política monetaria del Banco Central incluía un recuadro que describía cómo la población de más de 55 años, más propensa a contagiarse gravemente por COVID, salió del mercado laboral producto de este y nunca volvió a entrar. Sin embargo, otra razón parece ser, al menos en las mujeres, el trabajo familiar no remunerado.
Si nos detenemos en el rango etario entre 25 y 34 años, el aumento de dicha masa de trabajo informal también puede deberse al nacimiento del primer hijo. Según el INE, a abril de este año casi el 56% de los nacimientos son de madres entre esas edades. A su vez, más del 50% de la fuerza de trabajo se concentra entre los 25 y 34 años, que son los que debieran aportar activamente a los fondos previsionales.
La historia es sin duda triste, y puede continuar por dos caminos. El primero es seguir la senda que recorremos actualmente e ir convirtiéndonos gradualmente en algo como Corea del Sur, el país con menor tasa de natalidad en el mundo. Una nación con salarios que no crecen, pero costos que sí, con largas jornadas de trabajo y otras regulaciones que detractan a los coreanos de tomar la decisión de tener hijos. El segundo camino es poner en práctica, impulsar y avanzar en políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad y el cuidado, de manera que tener hijos no signifique un cambio radical en la vida, principalmente en las mujeres.
¿Cómo se hace esto? No es fácil, sobre todo en un país como el nuestro. Sin duda se ha avanzado, pero el simple hecho de pensar en la diferencia de postnatal entre hombres y mujeres nos da a entender que la responsabilidad, al menos del recién nacido, recae casi completamente en las mujeres.
Una alternativa para enfrentar este problema es incentivar la participación activa de los hombres durante los primeros meses de vida de sus hijos, por ejemplo, con un postnatal parental obligatorio y más cercano en duración al que tienen las mujeres, financiado por las aseguradoras de salud. Esta política pública debiera priorizarse antes de pensar en extender el postnatal femenino, que vuelve a poner un costo adicional a la contratación de mujeres en edad fértil.
Otra política a impulsar es la sala cuna universal, costo que nuevamente recae solo en las mujeres que trabajan en empresas que tienen 20 o más empleadas. Este proyecto lleva años discutiéndose en el Congreso, sin ningún detractor que se anime a declararlo públicamente, pero aun así no ha sido aprobado. ¿Por qué? Probablemente por una clase política que a veces es miope y quita prioridad sobre esta discusión, invisibilizando los efectos positivos de esta política pública.
Un factor impopular que ha quedado al margen de las reformas de pensiones discutidas en la última década es extender la edad de jubilación. Con la pirámide poblacional invirtiéndose a un ritmo acelerado, las menores pensiones de las mujeres y el claro envejecimiento de la población, este factor debiera al menos considerarse en la discusión.
Por último, no cabe duda que las diferencias de género en distintos aspectos recaen en un tema cultural. El pensar que un hombre es más idóneo para un trabajo en minería, y una mujer como profesora de arte, es un estereotipo que la mayoría de los chilenos tiene atornillado en su cabeza producto de sesgos con los que nos topamos día a día. Si bien puede sonar como algo abstracto, las discriminaciones de género a la hora de contratar a alguien existen y han sido ampliamente demostradas.
Por lo tanto, más allá de lo que las políticas públicas pueden hacer, la educación de la población dentro de las familias, los trabajos, los colegios y los pares en distintos ámbitos de la vida nos pueden ayudar a avanzar significativamente en la igualdad de género. Que el nacimiento de un hijo no signifique una carga tanto más alta para la madre que para el padre, o incluso la sociedad, nos pueden permitir revertir la tendencia a la baja en la natalidad del país. ¿Lo daremos vuelta?
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