El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta el sábado pasado por la estatal Codelco contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja y otros siete involucrados, acusándolos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos.
La acción legal se basa en antecedentes revelados por el Ministerio Público durante la formalización de los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, así como del contador Víctor Gonzalo Migueles Oteiza.
Según la querella, estas personas habrían participado en un “patrón sostenido” de intervenciones indebidas y presiones internas que favorecieron al Consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) en la tramitación de recursos judiciales contra Codelco.
La estatal asegura que estas irregularidades derivaron en sentencias que le obligaron a pagar más de $17 mil millones al consorcio.
El escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago detalla que Vivanco habría intentado agilizar resoluciones y facilitar el conocimiento de recursos judiciales sin las autorizaciones correspondientes, generando beneficios económicos para ella y su pareja.
Además, Codelco asegura que parte de los pagos efectuados por CBM al estudio Lagos y Vargas habrían llegado a Migueles mediante operaciones diseñadas para ocultar su origen.
La querella también incluye a tres intermediarios: Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto; Yamil Abraham Anton Najle Alee, conservador de Bienes Raíces de Chillán; y Harold Pizarro Iturrieta, dueño de una casa de cambios, todos acusados de lavado de activos en su modalidad culposa.
Codelco señaló que ha colaborado activamente con las diligencias, aportando antecedentes y ejerciendo su derecho a ser oída en cada etapa. La empresa también destacó que continuará participando en el proceso con el objetivo de que se determinen todas las responsabilidades penales y se protejan los recursos públicos.
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