Diputados UDI piden al Gobierno iniciar acciones para restituir recursos entregados a familia de Bernarda Vera tras confirmación de identidad

Los diputados de la UDI Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu solicitaron al Gobierno iniciar acciones para recuperar los recursos que habrían sido obtenidos de manera fraudulenta tras confirmarse que la mujer encontrada en Argentina es Bernarda Vera.

El caso se dio a conocer en septiembre del año pasado, cuando un reportaje de Chilevisión reveló el paradero de una mujer en Mar del Plata, en Argentina, quien presuntamente correspondía a Bernarda Vera, una mujer chilena que figuraba en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada durante la dictadura.

Esta jornada, además, el Poder Judicial confirmó que efectivamente la mujer hallada en Argentina es Bernarda Vera. La identificación fue establecida por el Servicio Médico Legal, que comparó su perfil genético con las muestras conservadas de sus familiares y obtuvo una coincidencia superior al 99,9999%.

Bajo ese contexto es que los parlamentarios recordaron un oficio enviado al Instituto de Previsión Social (IPS) y apuntaron a la pensión que se otorgó a la madre de la mujer hasta su muerte y también a su hija hasta que cumplió 25 años.

En la respuesta de la institución se señaló que “de variar la condición de víctima de la señora Vera Contardo”, escenario que debería producirse tras la confirmación realizada por el Poder Judicial, “se realizarán todas las gestiones pertinentes para recuperar los pagos indebidamente percibidos”.

En esa línea, los gremialistas pidieron al Ejecutivo y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) llevar adelante acciones para recuperar los recursos entregados a la familia de Bernarda Vera.

“Si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad“, argumentaron, añadiendo que “lo que ha confirmado el Poder Judicial es de la máxima gravedad y amerita que el Gobierno ejerza todas las acciones que tenga a su alcance. Durante años e incluso décadas el Estado reconoció como víctima a una persona que estaba viva y otorgó millonarios recursos a sus familiares”.

“Lo que corresponde es recuperar todos los fondos públicos que se hayan obtenido de manera fraudulenta y, además, perseguir las eventuales responsabilidades que puedan existir. Los recursos del Estado pertenecen a todos los chilenos y nadie puede pretender enriquecerse a costa de un engaño que se prolongó durante años”, sostuvieron.