Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?
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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, además descartó por ahora el uso de militares en la zona, asegurando que no es viable sin una habilitación legal específica.
Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la situación de seguridad en la comuna de Quilcura tras el asesinato de Carlos Acevedo Ramírez, conocido como “Guatón Mutema”, un reconocido narcotraficante de 42 años, quien fue baleado por desconocidos en una moto, en la vía pública.
El crimen, actualmente sin detenidos ni móvil confirmado, es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, bajo coordinación de la Fiscalía ECOH.
Desde la 49.ª Comisaría de Quilicura, Cordero informó que el funeral de Acevedo fue calificado por Carabineros como de “extremo riesgo”, lo que ha activado un protocolo especial de seguridad.
“Esta es una comuna que, hasta que se realice el funeral, contará con servicios reforzados, tanto de radiopatrullas, orden público como del GOPE”, declaró el ministro, subrayando la gravedad del escenario.
Aunque la familia del fallecido ha descartado un ajuste de cuentas, una de las líneas investigativas apunta a una posible venganza relacionada con un secuestro ocurrido en enero en la comuna de La Pintana.
La familia de una persona privada de libertad habría pagado 500 millones para lograr la liberación de su pareja e hija.
El ministro aclaró que si bien aún no entra en vigencia la nueva ley sobre funerales de alto riesgo, la categorización actual de “extremo riesgo” responde a una evaluación operativa interna de Carabineros.
La medida implica una fuerte presencia policial en el sector para prevenir hechos de violencia asociados a la ceremonia fúnebre.
Durante la jornada, Cordero también abordó la solicitud de la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (IND-FA), quien ha planteado la posibilidad de contar con apoyo militar en zonas críticas de la comuna.
El ministro fue enfático al recordar que el uso de Fuerzas Armadas para el control del orden público no es viable sin una habilitación legal específica.
“Según la legislación chilena, para situaciones de orden público sin títulos habilitantes, no se pueden utilizar militares. Eso requiere declarar estado de excepción o aprobar normas sobre infraestructura crítica”, explicó.
En ese sentido, añadió que esta inquietud ha sido compartida por otros alcaldes ante episodios de violencia similares, y aseguró que su cartera mantendrá una comunicación directa con las autoridades locales para garantizar la tranquilidad de la población.
“Nuestra responsabilidad es informar sobre los servicios policiales reforzados y transmitir seguridad a la comunidad”, puntualizó.
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