Esta tarde, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, apuntó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, de cara a la rebaja de penas de 56 condenados por abuso sexual y violación contra menores de edad y defendió que la autoridad actuó “conforme a las facultades legales que tiene”.
Al consultarle sobre el tema, Chevesich dijo que “sobre la materia no me voy a pronunciar, fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene. No me voy a pronunciar tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque se analiza cada caso concreto”.
Tras ello, explicó que “tendría que analizar cada una de las sentencias a las que se hace referencia para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia, esa labor le corresponde a los doctrinarios, a los estudiosos de las sentencias dictadas por la Suprema”.
La presidenta de la Corte Suprema sostuvo que “aquí hay una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión, consecuencialmente, si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia”.
Rabat defiende rebajas de condenas y apunta a un problema de aplicación de la Constitución
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión de conceder rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales, argumentando que existe un principio constitucional que impide aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un condenado.
El secretario de Estado explicó que, si bien una reforma legal de 2022 excluyó a estos condenados de dichos beneficios, existe jurisprudencia que ha acogido recursos de amparo de personas que los solicitaron durante años y cuyas peticiones fueron rechazadas. En ese contexto, sostuvo que el Ministerio ha actuado conforme a los criterios judiciales mayoritarios.
“Desde esa perspectiva, hay una jurisprudencia bastante generalizada que ha acogido recursos de amparo respecto de aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado”, agregó.
Ante las críticas de exautoridades del gobierno anterior, Rabat afirmó que durante esa administración también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas que concedieron beneficios de la misma materia.
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