El correcto uso de las viviendas fiscales, domicilios que el Estado dispone a funcionarios públicos con un arriendo mucho menor que del mercado inmobiliario, está ahora bajo la mira de Contraloría General de la República, luego que se dieran a conocer irregularidades incluyendo un caso enmarcado en una investigación policial.
“La Contraloría General de la República se encuentra realizando una investigación especial sobre el uso de viviendas fiscales en el Ejército y dos auditorías sobre inmuebles fiscales en el Ministerio de Bienes Nacionales, las que se encuentran en proceso”, indicó el organismo.
A ello, agregan, se suma también la elaboración de un instructivo sobre la correcta aplicación de la normativa “referente a la asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales”.
En agosto pasado conocimos el caso de un empleado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detenido tras una investigación que determinó que en dicha vivienda se ejercía el comercio sexual y se alojaban armas y drogas.
Según recoge El Mercurio, otro caso dado a conocer a la luz pública tiene relación con un jefe provincial de Bienes Nacionales de Ovalle, quien habría habitado una de estas viviendas sin los permisos y autorizaciones correspondientes.
Previamente la gestión de la contralora Dorothy Pérez también dio a conocer las irregularidades en el uso de licencias médicas, con personas incluso saliendo del país durante ese periodo. A inicios de septiembre ya se hablaba de más de 8.300 sumarios.
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