El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica.
La desaforada parlamentaria es investigada en el marco del caso Democracia Viva.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.