A raíz de la pandemia del COVID-19, los retiros del 10% de las AFP surgieron como una medida para paliar la crisis económica y los altos índices de desempleo que afectaban al país. Pero otra crisis quedó al descubierto y de mayor data: la alta cifra de deudores de pensiones de alimentos. Distintos testimonios abordan la esperanza en el nuevo Registro de Deudores, como también la necesidad de sanciones más robustas.
A poco más de tres años de reiteradas demandas contra su ex pareja por pensión de alimentos, Nicole Figueroa (33) -madre de tres hijos- logró ver un poco de justicia con la retención de los retiros del 10% de las AFP. El padre de los menores se desentendió de su crianza desde el momento en que se separaron.
Inicialmente no quiso establecer ningún tipo de demanda. Tras sufrir agresiones físicas y psicológicas, la experiencia de acudir a las autoridades le resultó difícil y burocrática, sumado a que seguía recibiendo amenazas y hostigamientos. Eventualmente, Nicole sintió que no era justo que su ex marido no sufriera ninguna repercusión y decidió interponer una demanda por pensión de alimentos y de visitas en 2019. “Primero puse una y solo llegamos a acuerdo con visitas porque él no tenía trabajo en ese tiempo. Luego, pasado un año aproximadamente, pedí otra mediación para fijar alimentos y salió frustrada porque no quiso fijar pensión. Según él, porque tenía que pagar arriendo y cuentas y no podía pagar”, relata.
“Ya en la tercera mediación, se estableció que pagaría una pensión de $140 mil pesos, pero él me los daba en cuotas. Por ejemplo, los días 30 pagaba $40 mil, los 15 pagaba $100 mil, o a veces en otras fechas y en más cuotas. Muchos meses solo pagó $70 mil y nada más y me decía que no tenía, que no le alcanzaba”, detalla.
SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO
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En 2020, y a raíz de los retiros de fondos de las AFP, Nicole recién pudo ver parte de esos fondos destinado al cuidado y alimentación de sus hijos, quienes en tres años vieron a su padre solo en un par de ocasiones: “Juntó una deuda de $300 mil aproximadamente y seguía aumentando. Llegó el tema de los retiros de las AFP y le retuve el 10% porque tampoco consideró pagarlo. Me decía que no lo necesitaba. Hice el trámite y como le había retenido esa plata, me dijo que no me pagaría más y así fue. No pagó más y la deuda fue aumentando hasta llegar a $900 mil. En resumen, él nunca me pagó ni tuvo la intención de hacerlo, fue el tribunal el que obligó a la AFP a pagarme la deuda”.
El abandono en datos
Aunque la realidad de Nicole es una que viven mucha mujeres, la visibilización del no pago de pensiones de alimentos tuvo un boom a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, cuando cientos de madres se aglomeraron a las afueras de las administradoras de AFP para hacer la retención del 10% de estos fondos.
En Chile, las pensiones de alimentos son un derecho de los hijos e hijas hasta los 21 años, y 28 en caso de que se encuentren cursando la educación superior. Este pago, que se recibe del padre o madre que no tiene su cuidado personal o tuición, también se puede extender más allá de esa edad si el hijo o hija tiene alguna condición que le impida subsistir por sí mismo.
De acuerdo con datos del Poder Judicial, 84% de las pensiones de alimentos en Chile se encuentran impagas y nueve de 10 demandas presentadas en tribunales son contra hombres.
Según la Superintendencia de Pensiones, hasta el 4 de febrero de 2022, los tribunales de familia autorizaron 620.713 liquidaciones por deudas de alimentos, de las cuales se han pagado 577.553, con un monto promedio de $ 1.068.202 por liquidación.
La ley 14.908, que contempla el pago de pensiones de alimentos, establece que las sanciones para quienes incumplan con estos dineros incluyen la orden de arraigo, el arresto nocturno, la retención de impuestos y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses.
Nace el Registro de Deudores
Denisse Bermúdez se alimentó de la frustración que sienten muchas madres y decidió compartir lo que sentía a través de una publicación en Facebook. Lo que partió como un desahogo terminó convirtiéndose en un grupo de madres, padres e incluso abuelos de niños que buscaban una solución sobre la garantía de estos dineros.
Así fue como la profesora y próxima mediadora familiar creó el grupo Cumplimiento de Deuda Alimenticia en 2015, plataforma que ya suma más de 9,8 millones de miembros y que alcanzó más fuerza con los retiros del 10%. “No sabía qué hacer porque encontraba tanta la injusticia, el papá de mi hija como que se burlaba y sentía que la justicia no hacía nada, entonces hice un grupo”, detalla a CNN Chile.
Fue en esa búsqueda de poder explicar a otras personas cómo fue su proceso y cómo podían realizar sus trámites donde conoció al abogado Claudio Iván Estay, con quien colabora en el grupo: “Empezamos a informar con el abogado… comenzamos con los primeros lives, hacíamos muchas actividades que fueron informativas y tratamos de responderle mucho a la gente porque uno de los sellos de Cumplimiento es la empatía, la solidaridad, el respeto y la ayuda“.
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Actualmente cuentan con el apoyo de psicólogos, técnicos jurídicos, trabajadores sociales e incluso peritos. “Hacíamos reuniones virtuales donde los profesionales y también abogados enseñaban a las personas a hacer escritos, qué procedimiento seguir. Yo soy profesora y tengo esa visión de que hay que educar en cierta forma a la ciudadanía para ayudarlos al procedimiento. El sistema está, lo que pasa es que hay que aprender”, agrega.
Tras conocer el sistema, Denisse es enfática en reiterar que existen distintos deudores de alimentos y que las causas por estas pensiones sí pueden prosperar. Por eso, pide que no se caricaturice esta realidad y que no se denomine a los deudores como “papitos corazón”.
A raíz de su lucha y producto de la visibilización del tema, nació el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, promulgado por el presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2021. La iniciativa obligará a los deudores de alimentos a pagar sus pensiones adeudadas con sanciones de carácter patrimonial y comercial. Por ejemplo, si una persona inscrita en este registro solicita un crédito hipotecario por una suma igual o superior a 50 UF, ese dinero se retendrá por parte de la entidad financiera para pagar la deuda.
Además, la persona deudora no pondrá renovar sus licencias de conducir ni pasaportes, no podrá recibir beneficios económicos públicos y estarán obligados a realizar una Declaración de Intereses y Patrimonio. El no pago de estos dineros será considerado como delito de violencia intrafamiliar.
Obstáculos del sistema
Camila Ferreira (24) es hija de un deudor de alimentos que se fue antes de que ella naciera y que la reconoció como hija cuando recién cumplió 5 años.
Fue entonces cuando su madre decidió demandarlo por pensión de alimentos, pero a la mujer le costaba encontrar el domicilio para notificarlo por no pago, lo que hizo que muchas veces desistiera. “En el sistema es ella la que tiene que dar su dirección, el sistema no lo busca. Le costó mucho y hasta que lo logró, no se pudieron acreditar los ingresos de él”, expresa Camila.
Cuando cumplió 21 años, la deuda ascendió a un poco más de $8 millones. Como ya era mayor de edad, decidió tomar la responsabilidad legal del proceso, pero le resultó “muy frustrante”: “Tuve que condonarle la mitad de la deuda porque de otra forma no iba a pagar nada. Cuando una es chica no se da cuenta de que la mamá está demandando, pero por casualidad te pillas con los papeles y te pones a leer que hay una demanda. Acompañas a tu mamá a revisar la cuenta de pensión, siempre me decía que íbamos a ver si mi papá mandó plata y siempre la cuenta salía en cero. Eso era muy frustrante porque a veces de verdad no había nada de plata como para los útiles o cosas así”.
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“Si tu papá trabaja informalmente no hay forma de que tú le cobres, si no tiene una dirección, no hay forma de que tú lo encuentres, si no tiene bienes a su nombre y lo pone a nombre de otras personas, no hay forma de que tú lo embargues. Entonces en eso no se piensa y la mata está muy cargada para las mujeres y está muy normalizado el abandono, la violencia, la violencia de los jueces con las mamás, de los abogados entre sí. Es súper injusto”, reclama.
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Para el abogado y académico de la Universidad San Sebastián, Claudio Iván Estay -quien además es litigante de Familia-, este histórico problema tiene que ver con la falta de educación en una sociedad que aún es patriarcal. Asimismo, explica que cualquier sanción por el no pago de estos dineros, nunca será suficiente.
“El problema está en que más allá del incumplimiento y la sanción, es un problema cíclico. Es probable que una persona deudora de alimentos, si lo analizamos desde un punto de vista social, quizás influye también en que fue ese hijo o hija al que le debían esa pensión y quizás repita el ciclo“, explica a CNN Chile.
“Esto es como todos los problemas sociales en Chile. Esto parte de la base de la educación, mientras no tengamos una educación desde el punto de vista de lo importante que es proveer al hijo, de lo necesario que es para su subsistencia, no se va a poder cambiar por más que la ley sea más sancionatoria”, detalla.
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Si bien reconoce que en su mayoría son los padres -de género masculino- quienes adeudan estos dineros, enfatiza en que los deudores también pueden ser madres, abuelos e incluso cónyuges: “Nosotros venimos de un país donde uno de los referentes históricos como Bernardo O’Higgins fue una persona con una paternidad oculta. Desde ese punto de vista, no es anormal que en Chile existan hogares constituidos solamente por un padre o una madre e hijos”.
Expectativas
Claudio asevera que “el cambio de paradigma está en que conozcamos quién es el deudor, porque si bien fueron mayoritariamente mujeres las que denunciaron, también hay varones y abuelos que están haciendo sus trámites. La esperanza está en que una vez que tengamos este registro, realmente sea operativo y que cumpla con lo que promete”.
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Denisse siente cierta esperanza en este nuevo registro, pero insiste en que existen otros aspectos a mejorar. “Yo tengo un hijo con una discapacidad severa y a él le quieren quitar la pensión de alimentos siendo que no puede ser así. Debería ser un poco más fácil para las mamás con hijos con discapacidad, para que los papás jamás le puedan quitar la pensión de alimentos”, expresa.
Asimismo, señala que “todas esas cosas falta mejorar y ojalá que las organizaciones sigan moviéndose. Estoy contenta porque es increíble que en base a un dolor ahora tenemos la ley del Registro de Deudores”.
Por su parte, Camila plantea que este registro debió haber existido hace muchos años: “Se les dan muchas facilidades a los hombres, este sistema de Registro Nacional de Deudores debió haber ocurrido hace mínimo 20 años. Lo único que sí me gusta es que es como el pie de entrada, pero igualmente la justicia tiene muchos espacios”.
Su progenitor sigue debiendo plata, y reclama que “si él deja de pagar dos meses, yo no lo puedo notificar porque necesita tres meses seguidos para poder demandarlo, entonces no siento que solucione nuestros problemas”.
