Sebastián Piñera.
El proyecto fue presentado en el Congreso, pero nunca fue votado, por lo tanto, no se puede afirmar que “no lo quiso aprobar”.
Desde el comando del candidato explicaron que la frase tiene su origen en el proyecto presentado en la Cámara de Diputados en 2012 que se basó en “los compromisos asumidos en las cuentas públicas del 21 de mayo de 2010 y 2011”. Recalcaron que el proyecto “desde octubre de 2012 tuvo urgencia suma y fue objeto de indicaciones en marzo, mayo y junio de 2013 para posibilitar su avance, lo que fue imposible por el bloqueo de los diputados de la oposición, quienes no dieron cumplimiento a los plazos de las urgencias del proyecto“.
Dicho proyecto, cuyo nombre es “Suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia”, tenía por objeto la creación de dos nuevas entidades especializadas.
Una de ellas iba a ser el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que dependería del Ministerio de Desarrollo Social y velaría por la protección de derechos de la infancia y la adolescencia y las materias de adopción. El otro, el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, tendría atribuciones respecto de los menores infractores de ley y sería parte del Ministerio de Justicia.
El mismo día que ingresó a Sala, se decidió que esta iniciativa legislativa sería enviada a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia; de Hacienda y de Familia. Sin embargo, en la historia de la Ley puede evidenciarse que ninguna de esas instancias presentaron informes ni menos votaron en general o particular sobre la materia.
En la historia de la Ley, ni en la pestaña “Hitos de tramitación” ni en la de “Informes” hay un solo documento que dé cuenta de acuerdos o votaciones.
BUSCADOR PROYECTOS DE LEY DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
NÚMERO DE BOLETÍN DEL PROYECTO: 8487-07
Esto a pesar de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sesionó 19 veces con este boletín en tabla. Que se emita un Informe, por parte de la Comisión, es indispensable para que el proyecto sea visto por la Cámara y así avance para su segundo (en el Senado) y tercer trámite legislativo.
En ese sentido, el reglamento de la Cámara de Diputados es claro en su artículo 119: “Todo proyecto de ley sometido a la consideración de la Cámara deberá ser informado por la comisión competente”.
Durante un año y medio, este proyecto recibió cuatro indicaciones del Ejecutivo y 26 urgencias distintas (cinco Simples y 21 Suma). La urgencia es una facultad constitucional del Presidente para dar preferencia al conocimiento y despacho de ciertos proyectos de ley. Hay tres urgencias: la “simple”, donde el proyecto debe ser conocido y despachado en 30 días; la “suma”, con un plazo de 15 días; y la “discusión inmediata”, que exige que sea revisado y despachado en seis días.
El gobierno del presidente Piñera no le dio “discusión inmediata” al proyecto.
El abogado Felipe Bravo, profesor de Derecho de la UC y ex asesor del ministro de Justicia entre 2010 y 2013 explicó: “La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sesionó en varias oportunidades, pero no continuó con el análisis en particular de su normativa por considerar que el proyecto enviado por el Ejecutivo no era suficiente para solucionar los problemas del Sename”.
Además, lamentó que el proyecto no fuera analizado en su articulado ni mejorado, sino que se dejó de tramitar: “El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Desarrollo Social, realizó indicaciones para conseguir mayor apoyo a la iniciativa, pero el Congreso decidió no revisarlas ni votarlas en la Comisión”. En ese sentido, para Bravo “es innegable que iniciar un proyecto de ley, darle urgencia en 26 oportunidades e ingresar cuatro indicaciones para mejorarlo y llegar a acuerdos es muestra de la voluntad del Ejecutivo en que se aprobara”.
Otras fuentes consultadas no coinciden con esta apreciación. Señalaron que lo que debió haber hecho el Ejecutivo para que el proyecto avanzara fue darle la categoría de “discusión inmediata”. Con eso, tanto la Cámara como el Senado habrían tenido que revisarlo en Sala en un plazo máximo de seis días.
Miguel Cillero, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Diego Portales dice lo siguiente sobre el proyecto: “Se avanzó en la discusión sobre el articulado relativo a la responsabilidad penal. Pero no se llegó a tener un solo informe aprobado por la Comisión. En materia de protección, no se avanzó porque era necesario un desarrollo institucional de los procedimientos administrativos de protección y resolver aspectos presupuestarios que el Ejecutivo no había abordado en su diseño“.
Arturo Squella, diputado UDI y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento desde 2010, confirma que nunca se votó, “pero el Gobierno le puso mucho interés, muchas urgencias”. Dice, sin embargo, que no le echaría la culpa a todo el Congreso. El diputado agrega que, posiblemente, entre las razones de tope estaban “los funcionarios del Sename, que por la división (del Servicio) podría darse cierta dificultad para ellos”. Squella revela que por esos días la diputada María Antonieta Saa “insistía en que primero debía aprobarse las garantías de los Derechos de la Niñez, que es tener el marco institucional. Lo que me hacía sentido”.
El proyecto fue ingresado a tramitación más de dos años después de iniciado el mandato de Piñera.
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