Desde la primera sesión suspendida por fallas técnicas, pasando por la polémica del convencional Rojas Vade, el despacho del reglamento general, hasta la primera propuesta de norma constitucional. En la siguiente nota puedes revisar eventos que junto al diálogo diario de las y los convencionales, han marcado de una u otra manera al órgano redactor.
El 4 de julio del 2021 se instaló la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional. Desde esa fecha el organismo se encuentra trabajando para redactar una nueva carta magna, que deberá ser ratificada mediante un plebiscito con voto obligatorio, una vez terminada en el mes de julio del próximo año.
A continuación, revisamos los momentos más importantes del organismo durante este 2021.
El domingo 4 de julio los 155 convencionales electos asumieron sus cargos en una ceremonia que se realizó en el ex Congreso Nacional. En esta ocasión, la Convención escogió a Elisa Loncon como su presidenta y a Jaime Bassa como su vicepresidente.
La ceremonia no estuvo exenta de problemas, ya que convencionales -principalmente de la Lista del Pueblo y pueblos originarios- denunciaron represión por parte de Carabineros a familiares que se encontraban al exterior del ex Congreso. La abogada del Tricel, Carmen Gloria Valladares, se vio obligada a suspender momentáneamente la sesión, que finalmente logró reiniciarse.
Luego de la ceremonia inaugural, al día siguiente debía estar todo listo para que los convencionales pudieran tener su primera sesión del organismo. Sin embargo, luego de un par de horas, los constituyentes decidieron suspender el encuentro apuntando a fallas técnicas que no le permitirían cumplir con sus funciones.
La situación tampoco se resolvió al día siguiente, y recién el 7 de julio los convencionales pudieron trabajar adentro del recinto, y la situación provocó la renuncia del entonces secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina.
A principios del mes de agosto, los constituyentes aprobaron la distribución de las asignaciones, específicamente, lo que se aprobó fue el reglamento y distribución de las asignaciones, que corresponden a gastos de apoyo más allá de la dieta, que pueden requerirse para asesores, gastos operativos y traslado.
Esto causó una discusión con parte de los convencionales de ese entonces Vamos por Chile, quienes manifestaron sentir “vergüenza” ante el aumento del monto de las asignaciones.
Esa misma semana, se generó una nueva polémica cuando la comisión de Derechos Humanos de la convención aprobó un “voto político” que impedía a Jorge Arancibia, ex edecán de Augusto Pinochet, participar en las audiencias públicas que realizara la comisión.
El mismo convencional aseguró en su momento que no se inscribió en la instancia para ser provocador, obstruccionista o negacionista, sino que por considerar la materia como un eje central para redactar la nueva Carta Fundamental. El tema finalmente se resolvió cuando se decidió que las audiencias públicas con víctimas de violaciones a los derechos humanos se realizarían exclusivamente en la subcomisión de Verdad Histórica y Garantías de No Repetición, mientras que Arancibia sería parte de la subcomisión de Marco General.
Una semana duraron las audiencias públicas de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, la cual recibió a 95 organizaciones, entre las cuales destacaron PNUD Chile, Universidades de Chile y Católica, Tenemos Que Hablar, Fundación Igualdad, Plataforma Telar, Defensoría de la Niñez, Coordinadora Social Magallanes, Municipalidad de Valparaíso, Articulación Feminista Elena Caffarena, Unicef Chile, Cosocs, entre otras.
Según afirmaron desde la comisión en su momento, los grupos participantes “entregaron diversas propuestas que permiten la participación incidente de la ciudadanía y de los grupos históricamente excluidos en la CC”.
Otro punto crucial en la organización de la Convención Constitucional fue cuando la comisión de Ética de la Convención Constitucional estableció la definición de negacionismo y aclaró que impondría sanciones a quienes lo cometan.
El concepto especificó como negacionismo desde “la dictadura militar de 1973, a los hechos producidos posterior al estallido social de 2019, y a todos los actos cometidos en contra de los pueblos originarios”.
Una votación que generó roces dentro del conglomerado Apruebo Dignidad, fue cuando la subcomisión de Reglamento de la Convención Constitucional, ratificó la medida de los 2/3 para aprobar las normas constitucionales.
Esta tuvo una oposición por parte de la entonces Lista de Pueblo y del Partido Comunista, los cuales buscaban establecer un quórum de 4/7, equivalente al 57% de los convencionales. La situación generó unos días complejos en la relación del PC con el Frente Amplio, donde los primeros acusaron que “los 2/3 son el último cerrojo de la constitución tramposa y se estableció para darle poder de veto a un sector”.
El mes de septiembre trajo una de las noticias que más marcó a la convención. Tras una entrevista con La Tercera, el convencional Rodrigo Rojas Vade, admitió que no tenía cáncer. “La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, señaló en su momento.
La noticia causó un terremoto en el organismo, que finalmente terminó con la “renuncia” de Rojas Vade, lo que abrió un nuevo debate, ya que no existen mecanismos para que un constituyente dimita a su cargo. Aunque él aseguró en esa oportunidad que “no aceptaré dinero por los días en que no trabajé sin justificación y tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo“.
El mes de septiembre no fueron solo malas noticias para el organismo. A fines de este mes, finalmente se pudo despachar su reglamento que constaba de 344 indicaciones.
Pero sin duda, la más llamativa fue la ratificación del quórum de 2/3 para redactar la nueva carta magna. Sin embargo, también llamó la atención el concepto de los plebiscitos dirimentes en caso de que una norma no alcance el quórum de 2/3, la cual hasta la fecha requiere de una reforma constitucional por parte de Congreso para ser aprobada.
El 18 de octubre, con motivo de conmemoración del estallido social de 2019, se dio inicio a la discusión de los contenidos para la nueva carta magna.
Antes de iniciar el funcionamiento del organismo, desde la Mesa Directiva de la Convención emitieron unas palabras para referirse a la importancia de proceso. La primera en hacerlo fue la presidenta Elisa Loncon, quién hizo énfasis en la importancia de este hito. “Hoy, esta Convención, que es hija de los anhelos y la movilización de los pueblos, comienza un diálogo esperado por décadas, siglos quizás. Este 18 de octubre, a dos años del despertar del nuevo Chile, damos rienda suelta a la imaginación”, expresó.
Junto con el inicio de la discusión de los contenidos de la nueva constitución, los convencionales realizaron un discurso para dar inicio al debate constitucional. Entre estos destacaron el de Marcela Cubillos, quien manifestó que “una Constitución hermanada de la violencia no tiene destino y el de Malucha Pinto la cual aseguró que “necesitamos una nueva Constitución a pata pelada y con una flor en la oreja”.
Pero sin duda, uno que llamó la atención fue el de la convencional independiente Alejandra Pérez, la cual semidesnuda y con la consigna “¡hasta que valga la pena vivir!” escrita en su pecho, realizó su discurso de apertura que emocionó a sus pares. Aquí relató su experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de mama. “Soy Alejandra Pérez Espina, sobreviviente de cáncer de mamas, dueña de casa, mujer manifestante. No me haré la reconstrucción porque cada marca en mi pecho es un grito de alegría a la vida”, relató.
A inicios del mes de noviembre, el organismo definió su cronograma para los últimos nueves meses de trabajo. Aquí se marcó su comienzo en la semana territorial que los convencionales vivieron entre el pasado 11 al 15 de octubre, para culminar el 8 de julio de 2022.
Con esto, la duración de las discusiones para forjar una nueva carta magna sería de un año completo.
El 10 de noviembre se presentó la primera propuesta de norma constitucional, la cual buscaba “garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos”.
Esta fue expuesta por los convencionales Roberto Vega, Manuel José Ossandón, Álvaro Jofré, Paulina Veloso, Helmuth Martínez, Adriana Cancino, Angélica Tepper, Luciano Silva, Geoconda Navarrete y Bernardo de la Maza, la cual fue justificada con el argumento de que “nuestro país tiene un déficit histórico de viviendas y jamás dicho derecho ha sido consagrado a nivel de texto constitucional”.
La Convención Constitucional realizó su primera sesión fuera de Santiago, cuando se trasladó a la Región del Bío Bío, con el fin de hacer un gesto por la descentralización.
Sin embargo, este hecho fue opacado por un artículo publicado por Biobio Chile, en que consignaron que uno de sus periodistas se habría reunido con testigos que aseguraron vieron a un grupo de convencionales en una “desenfrenada fiesta” en el Hotel Pettra de Concepción. Sin embargo, el hecho fue desmentido por los mismos convencionales.
Luego de la segunda vuelta presidencial, donde el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric se impuso ante José Antonio Kast, el presidente electo fue recibido por la Convención Constitucional.
En esta instancia, el presidente electo se reunió con la mesa directiva, encabezada por la presidenta del órgano redactor, Elisa Loncon y el vicepresidente, Jaime Bassa. Tras concluir estas conversaciones, Boric sostuvo que “hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la Convención“.
Solo unos días después de la reunión con el presidente electo, Gabriel Boric, la ex mandataria Michelle Bachelet fue invitada para presentarse en la audiencia de la comisión de Sistema Político.
Durante su intervención, la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que “una de las tareas más desafiantes que tendrá la Convención es lograr, a mi juicio, dar coherencia y un sentido unitario a la Constitución” y que enfatizó en la “importancia de dedicar los esfuerzos necesarios a elevar un conjunto sistemático y orgánico de normas que den respuesta al Chile de hoy”.
Un grupo de ocho convencionales de Vamos por Chile ingresó una iniciativa busca modificar la composición del Poder Legislativo, reduciendo el número de representantes que integran el Senado y la Cámara Baja.
La propuesta de norma mantiene un órgano bicameral, pero conformado por 32 senadores y 78 diputados. “Hablamos de dos senadores representando territorialmente a cada una de las regiones. En la Cámara, en cambio, para una representación poblacional serían 2 diputados representando a 28 distritos, y los 22 escaños restantes se elegirían en proporción a la población de cada uno de esos distritos”, señaló el convencional Martín Arrau.
Otra propuesta ingresada en la última semana por 14 constituyentes de la comisión de Forma de Estado, la cual “consagra un Estado Regional y entidades territoriales autónomas“, que discutieron sesionando desde la Región de Aysén.
Respecto al concepto de Estado Regional, consignaron que “el Estado promoverá la cooperación, desarrollo armónico, adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales, atendiendo especialmente a aquellas ubicadas en territorios insulares y zonas extremas“. Mientras que las entidades regionales señalaron que se refiere a una organización “en regiones autónomas, comunas, territorios insulares, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”.
Antes que termine el 2021, se dio a conocer la primera propuesta ciudadana en lograr los 15 mil patrocinios necesarios para ser discutida en el órgano constituyente. Se trata de la iniciativa popular “Será ley”, la cual busca que se garantice el derecho al aborto en la nueva Constitución.
Esta fue presentada el 24 de diciembre por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, una red feminista que incluye a organizaciones como la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Red Con las Amigas y en la Casa y Corporación Humanas.
Otra norma constitucional presentada en los últimos días de diciembre, fue la propuesta de la convencional del Pueblo Mapuche, Rosa Catrileo, en representación de un grupo de 15 de sus pares, la mayoría perteneciente a escaños reservado, sobre plurinacionalidad, específicamente, para el “reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas, Estado plurinacional y libre determinación de los pueblos“.
Esta buscar establecer que “los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile (…) son titulares de derecho de libre determinación, así como los demás derechos colectivos reconocidos y garantizados en el marco de esta Constitución y en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas”.
Y justo un día antes que terminara el año 2021, las y los convencionales presentaron una propuesta de una iniciativa para que la nueva Constitución Política del país elimine la figura del Tribunal Constitucional y que le entrega dicha atribución a la Corte Suprema.
Según los convencionales autores de la propuesta, como Daza, Atria, Royo y Viera, esto apunta en la dirección de que la constitucionalidad de las normas que busque implementar el futuro Congreso sea vista por jueces y no por especialistas en derecho constitucional, criticando además la forma en que estos son elegidos.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
