La propuesta es apoyada de por más de 30 representes de la instancia y especificaría, entre otros puntos, que "toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación y físicamente accesible".
Un grupo de constituyentes ingresaron durante esta mañana una iniciativa constitucional que establece los derechos humanos al agua y al saneamiento como “garantías indispensable para una vida digna”.
La propuesta fue suscrita de forma transversal por 16 representes y adherida por otros 18, todos miembros de Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, el Frente Amplio, Chile Digno, los convencionales de Modatima y el Movimiento por el Agua y Los Territorios.
La propuesta constitucional supone “un primer paso para terminar con la privatización y mercado de las aguas, el daño a los ecosistemas, y ante la urgencia de garantizar este elemento en el contexto de Emergencia Climática en el que se escribe la actual Constitución”.
Asimismo, se especifica que “toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico”.
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El texto agrega que será de responsabilidad del Estado “velar por la satisfacción de este derecho, atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos”, y estipula que también se deberá tener consideración especial “por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas”.
“Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”, especifica.
Finalmente, la enmienda constitucional pretende clarificar que “toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
