Los constituyentes aseguraron que la propuesta busca "prevenir y erradicar" a estos grupos "por el bien y la tranquilidad de nuestro país en base al actuar ilegal y de afectación de derechos que efectúan en base a sus acciones".
Vistiendo cascos y chalecos antibalas, convencionales de Chile Vamos presentaron este miércoles una propuesta de norma constitucional que busca prohibir a “grupos violentos o delictuales contrarios a la Constitución”.
La iniciativa, firmada por Martín Arrau, Kate Montealegre, Cecilia Ubilla, Eduardo Cretton, Ruth Hurtado, Carol Bown, Claudia Castro, Pollyana Rivera y Harry Jürgensen propone “prevenir y erradicar a los grupos, sin distinción respecto de la conformación de estos, por el bien y la tranquilidad de nuestro país en base al actuar ilegal y de afectación de derechos que efectúan en base a sus acciones”.
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Según los constituyentes, la solicitud se da un contexto “donde en nuestro país el uso de la violencia como método de acción política y la justificación de delitos en base a consideraciones de este estilo va en aumento, sobre todo en sectores como la macrozona sur”.
“Las manifestaciones que se busca evitar con este norma dicen relación con todas las acciones y omisiones, basadas en la consideración del uso de la fuerza, la violencia y los delitos como medios de acción política para sus fines propios”, señala el documento presentado por los convencionales.
Además, la propuesta busca prohibir “cualquier otra manifestación, vinculada también a financiamiento o actividades conexas que puedan realizar estos grupos, movimientos, organizaciones o asociaciones, respecto a sus actividades, que provoquen temor en la población”.
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Eso sí, destacan que “dicha normativa no dice relación con la consideración o limitación al pluralismo o la participación política de ciertos grupos, sino que respecto de aquellos que efectúen delitos que considera la ley, con los órganos e instituciones que esta Constitución establece“.
También “del respeto a los principios que el derecho internacional mandata, sobre todo en lo relativo a la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos“, expusieron.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
