María Rivera (Lista del Pueblo): “La palabra expropiación provoca mucha alarma, la correcta es recuperar”

Mi nombre es María Magdalena Rivera Iribarren, tengo 63 años, soy abogada y fundadora de Defensa Popular, un organismo que se dedica a la defensa de luchadoras y luchadores sociales, y además soy dirigenta pública del Movimiento Internacional de los Trabajadores. Soy constituyente electa por el distrito 8. 

Llegué a la Lista del Pueblo porque creemos indiscutiblemente que este proceso fue conquistado con la movilización social en la calle, de la que nosotros hemos sido parte durante muchos años y en especial a partir del 18 de octubre. En la Lista del Pueblo encontramos el espacio sin mayores condiciones que juntar la cantidad de patrocinios que se necesitaban. Yo tenía que aportar con 302 patrocinios y junté más de cinco mil.

A la Lista del Pueblo le fue muy bien, primero porque hay una desconfianza total y un cuestionamiento muy grande a los partidos tradicionales y a toda la institucionalidad en Chile. La gente se cansó y quería ver rostros nuevos y en su mayoría gente muy joven, somos excepciones los que somos adultos ya. Por otra parte, la Lista del Pueblo hizo una campaña electoral que fue bastante radical y con los temas centrales que la gente siente, en contra de la represión, por la libertad de los presos políticos, por la recuperación de los recursos naturales.

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Yo me defino revolucionaria porque defiendo un programa en que proponemos que el poder político y económico cambie de manos y pase a ser controlado y administrado por la clase trabajadora. Es decir, la recuperación de los recursos naturales. Creemos que no hay ninguna posibilidad de resolver las demandas sociales de la mayoría del pueblo si no es a través de la renacionalización de todos los recursos naturales bajo el control de los trabajadores.

La palabra expropiación provoca mucha alarma, pero en realidad la palabra correcta es recuperar lo que a nosotros nos expropiaron, porque los recursos naturales son bienes nacionales, y a través de leyes espurias de la dictadura de Pinochet fueron entregadas a manos privadas, fueron vendidas a precio de huevo, casi regaladas a manos privadas, y esas manos privadas transnacionales y nacionales han usufructuado durante décadas, se han hecho ultramillonarios a costas de la explotación de esos recursos naturales.

Yo hablo de expropiar a las grandes familias, no a la familia común, no a la persona que tiene una, dos, incluso tres casas o automóviles. No es eso, es la riqueza del país. Eso tiene que pasar a las manos del pueblo para que sea puesto al servicio de las mayorías.

La familia Luksic el año pasado, mientras estábamos en pandemia, mientras había un millón de cesantes, mientras estaban suspendidos los contratos de trabajo por el COVID, aumentó su patrimonio en US$ 11 mil millones, y ese patrimonio fue aumentado con la sobreexplotación de la riqueza nacional. Si esa riqueza nacional estuviera en manos de la nación y con control de los trabajadores, no nos cabe duda que, por ejemplo, la inversión en salud se pudo haber triplicado. Nosotros necesitamos que toda esa riqueza vuelva a las manos de Chile y que sea controlada por los trabajadores y las comunidades.

A los sectores más conservadores que se asustaron con el triunfo de los independientes les diría que no hay otra salida: el sistema capitalista que ellos defienden y que ellos nos tienen como panacea, ha demostrado entrar en una crisis general, mundial, que ya no está dando y no va a dar resultados para resolver las necesidades básicas del ser humano.

Tenemos dos posibilidades: o cambiamos de sistema totalmente a un verdadero sistema socialista mundial, o nos está alcanzando la barbarie de la que ya tenemos muestras. La pandemia de COVID-19 es una muestra de ello: más de medio millón de personas muertas en Brasil y varios millones a nivel mundial, y no hay posibilidades de frenarla aún. Eso es muestra de la barbarie. Teniendo todas las facilidades, teniendo científicos, teniendo grandes laboratorios, acá lo que prima es la economía capitalista.

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A mí el diálogo me importa más con la sociedad que con la superestructura, con la institución misma. Esta Convención Constitucional es un triunfo en el marco de la revolución que se inició el 18 de octubre, esta convención le pertenece al pueblo, a las mujeres, a los trabajadores, a la juventud y somos nosotros los que estamos obligados a que esta nueva Constitución sea parte de la discusión del pueblo movilizado. 

Necesitamos que esta Constitución se abra, que se discuta en los barrios, en las juntas de vecinos, y que emplacen a todos los constituyentes y a toda la institucionalidad a resolver el problema de la libertad de los presos políticos porque si no hubiesen presos políticos, si no hubiese habido 18 de octubre, no cabe duda que estaríamos todavía tranquilamente -para los grandes empresarios y la institucionalidad chilena- viviendo sin pensar en cuestionar siquiera la Constitución del ’80. Gracias a esos presos, gracias a esa movilización, gracias a esas ollas populares, asambleas territoriales, cabildos y todo lo que seguimos viendo que sucede, nosotros estamos discutiendo la nueva Constitución.