El abogado y ex querellante en casos como Penta y SQM fue electo constituyente tras postular como independiente en el distrito 28. En conversación con CNN Chile, dice que el principal desafío de la CC será llegar a consensos -prefiere no usar la palabra acuerdos- e incorporar a los "sectores que no han contado con un espacio institucional para expresar su realidad".
Soy Mauricio Daza Carrasco, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Soy abogado litigante y me he desarrollado en el ámbito de litigios penales y ambientales. Tengo 49 años, fui electo como constituyente por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde postulé como candidato independiente, fuera de pacto político, dentro de la lista Regionalismo Ciudadano Independiente.
He sido reconocido por lo que ha sido mi labor en representación de la fundación Ciudadanía Inteligente en los casos de financiamiento ilegal de la política. He sido querellante en los casos Penta, SQM, Corpesca y Cascadas, entre otros. Las causas por financiamiento ilegal de la política dejaron al descubierto una trama de corrupción e impunidad que ha generado la crisis de credibilidad que hoy día existe en nuestras instituciones y que explica una parte de los factores que gatillaron el estallido social.
Obtuve la primera mayoría en la votación para constituyentes en las últimas elecciones y mi lista fue la más votada en la Región de Magallanes. Lo recibimos con humildad, pero también con la conciencia de que tenemos una enorme responsabilidad de tener que cristalizar estos anhelos y deseos en una nueva Constitución.
No quiero ocupar la palabra “acuerdos”, la palabra “acuerdos”, lamentablemente, en el metalenguaje de la transición, significa algo bastante retorcido. Durante la transición, la denominada política de los acuerdos, finalmente, ha significado que se coloca el interés público con el interés particular de ciertos grupos económicos en igualdad de condiciones, y estos intereses son negociados por un puñado de dirigentes políticos a espaldas de la ciudadanía, entre cuatro paredes.
Nuestro desafío como constituyentes es poder llegar a consensos que sean sólidos respecto de aquellas exigencias que nos ha planteado la comunidad y que, a su vez, nos ha mandatado a concretar en la nueva Constitución. Estamos hablando de definir un Estado democrático y social de derecho que establezca que el Estado debe ser un actor principal para proveer ciertas prestaciones básicas para las personas con prescindencia del lugar donde viven o el tamaño de la billetera de sus familias.
También tenemos que avanzar en profundizar nuestra democracia con la finalidad que los órganos que forman parte de nuestra institucionalidad puedan reflejar en una manera fiel lo que es la voluntad ciudadana al momento de definir políticas públicas y establecer leyes.
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Mi principal punto a defender en la Constitución es la desconcentración y descentralización política y administrativa del Estado con la finalidad de permitir que las comunidades, desde sus territorios, tengan la posibilidad de poder decidir su vocación de desarrollo, y además entregarles facultades reales a los gobiernos locales y regionales para poder diseñar e implementar políticas públicas.
Nuestras regiones han sido relegadas durante mucho tiempo y han sido víctimas de un centralismo asfixiante. Esto es particularmente cierto respecto de las zonas denominadas extremas, donde la posibilidad que el poder central pueda generar políticas públicas que se vinculen de alguna manera con la realidad de las personas que viven en estas zonas, es bastante baja. Ese es mi primordial desafío y mi principal compromiso con la comunidad de Magallanes, que me eligió como constituyente.
El debate tras la elección se ha dado dentro de lo esperable. Existen temas tanto sustantivos en relación a cuál va a ser el contenido de la nueva Constitución, como temas que son también de procedimientos, los cuales se están planteando naturalmente, ya que estamos frente al desafío de establecer una nueva Carta Fundamental, donde a partir de una hoja en blanco vamos a definir cuál es la manera en que se va a gestionar el poder de nuestro país.
Yo estoy bastante optimista, más allá de que obviamente se van a escuchar no solamente ahora, sino que probablemente durante el transcurso del proceso constituyente, declaraciones que, para ciertos sectores, pueden sonar como muy ideológicas o disruptivas. Hay que entender que se trata de sectores que no han contado con un espacio institucional para expresar su realidad y su visión de sociedad durante las últimas décadas.
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Ahora tienen la posibilidad de plantearlo de una forma en que ya no están tan invisibilizados, y eso también es parte del proceso constituyente: la idea es que, de alguna manera, podamos incorporar a lo que es la definición de lo que será nuestro país y el Estado de Chile para las próximas décadas, a todos los sectores de nuestra sociedad.
He hablado con muchos constituyentes electos y hay un consenso muy amplio en una gran variedad de temas. Desde esa perspectiva, yo creo que va a ser un proceso exitoso en la medida en que logremos incorporar a la ciudadanía a través de una participación efectiva durante el proceso constituyente.
