Tammy Pustilnick, D20: Que las regiones sean reconocidas constitucionalmente como comunidades políticas

Mi nombre es Tammy Pustilnick Arditi, soy mujer, soy mamá de una pequeña que va a cumplir 7 y otro pequeño que va a cumplir 3 años. Soy abogada especializada en Derechos Humanos, y tengo dos magíster: uno en Derechos Humanos y otros en Estudios Legales Internacionales. Me especialicé en Derechos Humanos y género, y sueño y trabajo por un Chile donde la igualdad ante la ley sea sustantiva, donde todas y todos gocemos dignamente de derechos fundamentales básicos con garantías concretas de protección, con un Chile descentralizado reconociendo las características propias del territorio y promoviendo su autonomía.

He dedicado mi vida y mi carrera para trabajar desde las sociedades civiles en la defensa de los derechos de personas que históricamente se han visto vulneradas. Principalmente me refiero a mujeres, niñas y personas de las disidencias sexuales. Soy presidenta y co-fundadora de una corporación que se llama Descentralizadas, que nace en la Región del Biobío y que promueve el liderazgo con perspectiva de género para avanzar en la autonomía económica de las mujeres.

Soy además abogada probono de la Fundación Iguales para la Región del Biobío. Soy profe universitaria, que es algo que me encanta, y tengo fe y confianza en las nuevas generaciones y en el análisis crítico que eso puede generar para la disminución de brechas y desigualdades de nuestro país. El año pasado me desempeñé como consultora externa para ONU Mujeres en la Región del Biobío, para promover buenas prácticas de igualdad de género dentro de las organizaciones.

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Cuando partí estudiando Derecho, no fue porque quería hacer un mundo más justo, sino que eso fue en el proceso de estudiar la carrera. Estudié en la Universidad de Chile, soy una orgullosa y agradecida de mi casa de estudios, y en ese sentido siempre tuve un gran interés por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Siempre me llamó muchísimo la atención la vulneración de derechos de las mujeres, que no pudiésemos gozar derechos y oportunidades; y por otro lado, lo mismo con las personas del grupo LGBTIQ+, que no pudiesen acceder a instituciones jurídicas como sí pueden los heterosexuales, como el matrimonio por ejemplo.

El hecho de ser madre también me marcó mucho por las desigualdades que existen respecto de los roles de cuidado que ejercemos las mujeres dentro del hogares. Entonces fui compatibilizando y equilibrando mi carrera profesional con esta injusticia que veía.

Para mí es fundamental que la nueva Constitución establezca la igualdad, la libertad y la dignidad como valores primordiales, y ello requiere una serie de principios, de derechos y deberes para el Estado, en las distintas temáticas. Particularmente en la igualdad de todas las personas, tenemos que avanzar a una concepción con perspectiva de género que consagre la igualdad sustantiva entre hombres, mujeres y disidencias sexuales; una igualdad en los resultados, en los hechos y prácticas.

Y cuáles son esos derechos que podemos avanzar: el derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad  salarial, al acceso del cuidado sanitario, derechos sexuales y reproductivos. Es sumamente importante que establezcamos además el deber del Estado de actuar con la debida diligencia en la investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, porque esto nos va a permitir poder agilizar leyes, políticas públicas y judiciales efectivas, que ayuden a remover los obstáculos que hemos visto nosotras las mujeres en los diferentes ámbitos.

¿Qué me llevó a ser la primera abogada probono de la Fundación Iguales fuera de la Región Metropolitana? Cuando volví a Chile, junto a mi marido y mi hija llegamos a Concepción, y me di cuenta que este servicio probono la fundación solo lo daba en Santiago. Y ahí cae mi primer grande lucha de empezar a descentralizar ciertas áreas en las cuales me desempeñaba, y dije “¿por qué no podemos prestar ese servicio gratuito en la Región del Biobío, si claramente hay personas de la comunidad LGBTIQ+ que viven en la región y que lamentablemente se ven vulneradas en sus derechos en la vida cotidiana?”. Así fue como el 2016 firmamos un convenio con la fundación y comencé a prestar este servicio.

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La lucha por la descentralización va tanto por el trabajo que comencé a hacer con la Fundación Iguales como con la corporación que presido, Descentralizadas, que claramente promueve el liderazgo con perspectiva de género y autonomía económica para las mujeres, pero siempre con una mirada territorial. Por eso la descentralización es una de mis banderas de lucha durante mi campaña y ahora en la Convención Constitucional.

¿Cuáles son las materias que me gustaría poner sobre la mesa en la CC? Independiente de que todas tienen igual de relevancia e importancia, dada mi trayectoria y el trabajo teórico y práctico, son: descentralización efectiva, igualdad material entre hombres, mujeres y disidencias sexuales, y el goce efectivo de derechos sociales fundamentales. Esos son mis tres grandes lineamientos y son los primeros que pondré sobre la convención.

Debemos avanzar a un Estado democrático de bienestar social, donde se amparen, promuevan y garanticen concretamente los derechos sociales, donde se les dé un contenido mínimo, y además una acción de tutela para poder hacerlos exigibles. La sola abstención del Estado nos ha demostrado que no basta para alcanzar este objetivo, que es lo que tenemos con el modelo de Estado subsidiario, y por tanto el Estado tiene que tener un rol mucho más activo en la garantía, regulación y provisión de derechos sociales que son la vivienda, salud, educación y seguridad social.

De un punto de vista de la descentralización, es sumamente importante que se avance a una descentralización efectiva en la nueva Constitución, y eso significa que las regiones sean reconocidas constitucionalmente como comunidades políticas. Pero avanzar a una descentralización no solo en esta área, sino que también de forma administrativa y fiscal, que le otorgue mayor autonomía tanto a los gobiernos regionales como a las municipalidades.

La Convención Constitucional paritaria es realmente democracia. Cuando nosotros hablamos que vamos a ser el primer país del mundo en escribir una Constitución en paridad, significa que vamos a tener a la mitad de la población debidamente representada en un órgano de poder, y eso para nosotras como mujeres es algo completamente histórico. Somos históricas, porque históricamente, valga la redundancia, nos hemos visto relegadas de las tomas de decisiones y de cargos de poder, y hoy a través de esta convención, estamos diciendo nunca más sin nosotras.

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¿Por qué creo que es sumamente importante avanzar en el matrimonio igualitario? Hay que entender que en Chile, siendo un país laico, el matrimonio hoy día está regulado en el Código Civil. Es una institución jurídica civil, no religiosa. Hoy existen personas que exclusivamente por su orientación sexual no pueden acceder a una institución jurídica, y eso es una discriminación completamente arbitraria. Por lo tanto, es sumamente importante que se avance en este ámbito no solo para acceder al matrimonio igualitario, sino que para acceder a esta institución jurídica con todo lo que ello implica, como la filiación. Existen diversas formas de hacer familia, las que se han visto históricamente discriminadas, y por ende, hay una directa discriminación contra niños, niñas y adolescentes que nacen o crecen en estas familias homo o lesbomaternales.

Debemos dejar de analizar la Convención Constitucional desde la lógica de las derechas y las izquierdas, y dejar las relaciones políticas polarizadas que vemos en el Congreso fuera de la convención. Soy muy optimista que vamos a elevar el nivel de discusión y de debate en la CC, y vamos a mostrar con un ejemplo, lo que un órgano paritario, diverso e inclusivo puede lograr. Tenemos que entrar a humanizar las relaciones que tengamos dentro de la convención más allá de los colores políticos, y entrar a legislar a un nivel constitucional por un bien mayor y no por intereses personales.