"Nos preocupa que se requeriría un presupuesto de más de $1.410 millones para la realización de la consulta indígena", comunicó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. La presidenta Quinteros, por su parte, transparentó que el monto ascendió a $2.400 millones, pero que solo correspondería a la valorización, puesto que contarán con organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno, a través del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, y el subsecretario Máximo Pavez, ofició a la Convención Constitucional ante la solicitud de “coordinación y apoyo” para el comprometido proceso de consulta indígena, manifestando preocupación ante el anuncio de la consulta indígena sin asegurar financiamiento.
El pasado martes, en una carta dirigida a la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, expresaron que “nos preocupa el hecho que, generalmente, las consultas indígenas se extienden por plazos que exceden el tiempo que le resta a la Convención Constitucional para proponer un texto de nueva Constitución”.
En tanto, en su carta, el Ministerio enfatizó que “nos preocupa que el 21 de enero de 2022 se haya señalado que se requeriría un presupuesto de más de $1.410 millones para la realización de la consulta indígena, según fue informado por la Secretaría de Participación y Consulta indígena a la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad”, debido a que, “dicho monto excede con creces la disponibilidad presupuestaria con que cuenta actualmente la Convención, incluso considerando el monto de $974 millones transferidos el año recién pasado al Consorcio de Universidad del Estado de Chile, que además de la consulta, deben utilizarse para la Secretaría de Participación Popular y Secretaría de Comunicaciones”.
Asimismo, destacaron que “nuestra preocupación sobre esta materia no es nueva y la hemos manifestado en diferentes instancias en la Convención Constitucional”, especificando que, tras conocer el reglamento general y el de participación y consulta indígena, “el ministro de de la Secretaría General de la Presidencia invitó a la Convención a reuniones de trabajo para tratar todas las materias presupuestarias del año siguiente [2022], incluyendo especialmente la planificación de participación ciudadana y difusión”.
“Sin embargo”, manifestaron, “ante dicha invitación se nos señaló por parte de los representantes de la Convención que las distintas secretarías -Participación Popular, Pueblos Indígenas y Comunicaciones- aún no estaban conformadas y, por tanto, no contaban con estimaciones de gasto sobre el financiamiento de dichas actividades”, agregando que aquello “fue refrendado por los representantes de la Convención en la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional”.
“Hemos tomado conocimiento de que, pese a todas estas dudas, ayer ocurrió el lanzamiento de la consulta indígena“, sostuvieron, aunque igualmente quisieron manifestar “nuestra intención de hacer las coordinaciones necesarias que sean pertinentes y posibles al interior de la administración”.
De esta manera, el ministerio propuso realizar este viernes 28 una reunión de trabajo en el Palacio Pereira, extendiendo la invitación a los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Familia, así como de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuya colaboración también ha estado implicada en la consulta desde el origen de la iniciativa.
El pasado miércoles, la presidenta y el vicepresidente Gaspar Domínguez encabezaron el lanzamiento de la consulta en las faldas del cerro Santa Lucía. Según consignó La Tercera, Quinteros transparentó que “el costo inicial propuesto por la Secretaría de Participación y Consulta Indígena eran de $1.400 millones, se actualizó a $1.500 millones y, ahora, tenemos el cómputo final que es de $2.400 millones, esa es la propuesta de la Secretaría”, añadiendo que “está en evaluación” y que se trata de “la valorización total”, debido a que” hay muchas cosas que, afortunadamente, muchas organizaciones de la sociedad civil nos van a apoyar“.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
