La norma presentada por un grupo de convencionales propone que el Estado reconozca a "todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en todo tiempo, y de la sociedad en su conjunto", además de la creación de Comisiones que elaboren informes que "aporten a esclarecer la verdad".
Este martes, un grupo de convencionales que integraron la comisión transitoria de Derechos Humanos, presentó una iniciativa que busca crear un Consejo de Verdad Histórica en la nueva Constitución, que tendría por objetivo investigar y calificar las violaciones a los derechos humanos que cometan el Estado, particulares o empresas.
La propuesta sostiene que a partir de dicho Consejo se crearán las comisiones de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, que tendrán carácter paritario, plurinacional y estarán “conformadas por un grupo de personas de reconocida idoneidad”.
Serían precisamente las comisiones del Consejo las encargadas de la elaboración de un informe que aporte “a esclarecer la verdad, identificar la participación y contribución a vulneraciones de los derechos humanos (…) y recomendar medidas de verdad justicia y reparación”.
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Asimismo, plantea que los documentos que elaboren las comisiones estarán a disposición de la sociedad y contribuirán con antecedentes a las entidades que representan judicialmente a las víctimas.
La norma también propone que el Estado reconozca a “todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en todo tiempo, y de la sociedad en su conjunto (…) de acuerdo con los estándares internacionales vigentes en materia de derechos humanos y justicia transnacional”.
En esa línea, se establece que la ley disponga de “institucionalidad, recursos técnicos y materiales para la búsqueda de personas desaparecidas, estableciendo así el derecho a la verdad sobre su paradero y el derecho a ser encontrados y restituidos a sus familias y a la sociedad”.
En cuanto a su composición, el organismo se compondrá de dos consejeros o consejeras nombrados directamente por la Presidencia, dos designados por el Congreso a través de una nómina de al menos 12 candidaturas presentadas por el presidente, y un consejero nominado por Universidades del Estado.
Además de otros cuatro miembros elegidos por organizaciones de derechos humanos y ambientales, representantes de pueblos indígenas y tribales.
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