La casa de estudios es actualmente querellante de causas contra 12 jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones por el estallido social, que arriesgan hasta 10 años de cárcel. En ese contexto es que la presidenta de la instancia señaló que es necesario "cuidar la Convención", optando por sesiones en otros edificios públicos.
El pasado viernes 22 de octubre un grupo de convencionales solicitó a la Mesa Directiva que no se realicen sesiones plenarias en la Universidad de Concepción, durante la semana territorial que se desarrollará desde el 22 de noviembre en la región del Biobío.
Esto, debido a que la casa de estudios es actualmente querellante de causas contra 12 jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones por el estallido social, que arriesgan hasta 10 años de cárcel por delitos como lanzamiento de bombas molotov, destrucción de monumento nacional, desórdenes y daños.
La solicitud fue firmada por los constituyentes Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Carolina Vilches, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloría Alvarado y Vanessa Hope.
Según consignó Biobío, en ese contexto es que durante esta semana la propia presidenta de la instancia, Elisa Loncón, cuestionó la posibilidad de sesionar en la UdeC, pese a la expresa invitación de el gobernador, Rodrigo Díaz, y el rector del recinto estudiantil, Carlos Saavedra.
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De esta forma, Loncón adelantó que cuando la Convención se instale en la región del Biobío, las sesiones se realizarán en los municipios, mientras que las sesiones centrales quedarán a cargo de la gobernación de la región.
Asimismo, la presidenta de la instancia reconoció que existe actualmente un conflicto respecto a la casa de estudios y por lo mismo no la mencionó entre los recintos que podrían recibir a la CC a fines de noviembre, ya que “hay que cuidar la Convención”.
Esta situación respondería además al llamado hecho por la representante de los padres y madres de los imputados, Eliana Orellana: “es imposible que un lugar que esté haciéndose parte de una querella contra 12 jóvenes por el estallido social quieran ocupar este lugar”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
