Tras el proceso de votación de 1.128 indicaciones en torno a los cuatro reglamentos de la Convención Constitucional, un grupo de representantes de Vamos por Chile presentó un recurso de protección que finalmente fue admitido por la Corte Suprema, en contra de la mesa directiva del órgano por considerar que habrían ejercido censura. Ahora, la presidenta Loncón confirmó que responderán con abogados.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso de protección presentado por un grupo de convencionales de Vamos por Chile contra la mesa directiva de la Convención Constitucional, en la que acusan censura en la discusión del reglamento y también vicios en la votación.
Desde el ex Congreso Nacional, sede del quehacer constituyente, CNN Chile recogió las impresiones de los representantes, especialmente de la presidenta de la mesa y constituyente del Pueblo Mapuche, Elisa Loncón, quien también se refirió a la polémica por la dieta que sigue recibiendo Rodrigo Rojas Vade y la negativa a sesionar en la Universidad de Concepción, debido a sus denuncias contra detenidos del estallido social.
Mientras lo que sigue para la acusación es pasar al Tribunal de Alzada capitalino, Loncón manifestó que todavía no había sido notificada y que, por cierto, se va a responder oportunamente con abogados que trabajan en la misma Convención. “Tenemos autonomía para definir nuestros mecanismos internos de debate, discusión y de todo el procedimiento”, sentenció la presidenta.
Asimismo, destacó que se ha ido actuando asumiendo “una situación de tiempo: sobre mil indicaciones implicaría haber seguido votando hasta mayo de 2022, o sea, igual hay una cuestión de realidad que se nos impuso como convención y sobre ese tiempo es que nosotros estamos actuando”.
Cabe destacar que fueron 1.128 indicaciones de los cuatro reglamentos que fueron votadas por los convencionales. En respuesta, uno de los representantes que patrocinó el recurso, Harry Jürgensen (RN), manifestó que, si se tuviera que volver a votar todo de nuevo, “los responsables son aquellos que están dirigiendo la Convención fuera de la Constitución” y aseguró que “yo no quiero tratar de ralentizar este proceso, en absoluto, pero hay que hacerlo de acuerdo a las normas de la Constitución, no puede ser que estemos votando y no discutiendo”.
Otro de los temas que se tocaron tiene que ver con la visita a la Región del Biobío, que había sido cuestionada, como también la ida a la Universidad de Concepción (UdeC) para realizar un plenario, esto, debido a que un grupo de convencionales de movimientos sociales que presentaron un oficio a la mesa pidiendo que no se sesione en la Casa de estudios, porque la institución ha tenido un rol querellante en contra de los denominados presos del estallido social.
Posteriormente, 31 convencionales liderados por Amaya Álvez (AD) pedían, por el contrario, sesionar en la universidad. Este viernes la mesa directiva se reunió para discutir el tema a nivel general pero cualquier decisión todavía estará por verse. Hasta ahora, entre el 22 y 26 de noviembre se realizarían dos plenarios en la sede de la gobernación del Biobío, lo único que se realizaría en la UdeC sería un foro o una actividad con la comunidad de la universidad.
En tanto, la más reciente polémica tiene que ver con la disyuntiva la dieta que sigue recibiendo Rodrigo Rojas Vade, el convencional que dejó de asistir a la instancia tras haber tenido que admitir que mintió acerca de haber padecido cáncer. Un oficio que emanó de la Segpres, por parte del subsecretario Máximo Pavez a Contraloría, pidió un pronunciamiento en torno a si procedería o no continuar pagando la dieta de constituyente de $2,5 millones a Rojas Vade.
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Esto, porque al no haber renunciado de manera oficial sigue siendo un convencional que, hasta ahora, simplemente ha dejado de asistir. En palabras del subsecretario Pavez, han oficiado a Contraloría “para que nos oriente respecto a la precedencia y la legalidad del pago de la dieta al convencional Rodrigo Rojas Vade (…) queremos que Contraloría lo reafirme o indique otro criterio, creemos que de esa forma se asegura el buen uso de los recursos públicos que en mi calidad de subsecretario estoy obligado a resguardar”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
