En la instancia de la Convención Constitucional se definió el concepto abarcando tres periodos históricos en específico. Ahora será el pleno de la Convención el que lo ratifique, así como también las sanciones a quienes contravengan esta norma.
Durante la jornada de este martes, la comisión de Ética de la Convención Constitucional estableció la definición de negacionismo y aclaró que impondrá sanciones a quienes lo cometan.
El coordinador de este comité, el convencional Marcos Barraza (PC), explicó que el concepto comprende la dictadura militar de 1973, a los hechos producidos posterior al estallido social de 2019, y a todos los actos cometidos en contra de los pueblos originarios.
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“La comisión aprobó por una mayoría la norma que sanciona o prohíbe los negacionismos, en especial en tres periodos históricos. Aquellas acciones o comentarios destinados a glorificar o justificar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar hasta 1990. También las del estadillo social desde octubre del 2019 en adelante y en contra de las vividas por los pueblos originarios”, clarificó.
Así como le señaló Barraza, en rigor serán tres definiciones donde la primera establece que “se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990″.
La segunda señala que también se hará cargo de “las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este”.
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Y la última que afirma que “se entenderá como negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir del Estado de Chile”.
Todavía no se establece cual será el castigo para quienes incumplan esta norma, que aún debe ser rectificada por el pleno de la Convención Constitucional.
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