Desde los ahorros previsionales hasta la libertad religiosa, pasando por otros derechos como el aborto o el de los padres a educar a sus hijos, son solo algunas de las temáticas de las iniciativas populares que ya han superado las 15 mil firmas de apoyo para integrar las discusiones de norma dentro del órgano constituyente y que repasamos en detalle.
Tras haber escogido a su nueva mesa directiva, con presidenta, vicepresidente y vicepresidentes adjuntos, la Convención Constitucional ha retornado de inmediato a sus actividades, concentrándose, entre otras cosas, en las iniciativas populares que juntan apoyos ciudadanos suficientes como para ser incluidas en la votación de normas constitucionales.
En esa línea, la Convención ha compartido el informe en que se detallan las iniciativas que han cumplido con los apoyos hasta este lunes en que, según informaron, “se han presentado 3.876 Iniciativas Populares de Norma Constitucional plataforma digital de participación popular” y que, de las propuestas ingresadas de manera efectiva “se han revisado 3.557”, de las cuales “868 han sido declaradas inadmisibles“, añadiendo que otras “807 están en etapa de correcciones”. En tanto “84 propuestas han sido rechazadas y 1.448 se sugieren como inadmisibles“.
De las admisibles, siete han superado las 15 mil firmas para su discusión en la Convención Constitucional:
Con 31.165 firmas de apoyo, la iniciativa propone que “la Nueva Constitución debe garantizar que nuestros fondos son y seguirán siendo de nuestra propiedad“, ya que “no reconocer este derecho, es negar el esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras, y no reconocer que estos fondos sean heredables implica desconocer que nuestro trabajo no es sólo para nosotros mismos, sino que también para proteger a nuestras familias”.
De esta manera, estipula el grupo “Con mi plata no”, representados por Constanza Burnier, señala que “como los fondos son de propiedad de los trabajadores, somos nosotros quienes debemos decidir quién los administra, independientemente de si las instituciones son públicas o privadas”.
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Impulsada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, la propuesta fue la primera en alcanzar los 15 mil apoyos, contando actualmente con 23.763 firmas. Así, la iniciativa indica que “la existencia de la Ley 21.030 en tres causales no brinda solución integral a la cuestión del aborto, tanto en términos de magnitud como en cuanto a quién corresponde la decisión”, manifestando que “es derecho de la persona que puede maternar como también la persona que puede abortar, por lo tanto, es un derecho humano y es parte de la gran gama de derechos sexuales y reproductivos”.
De esta manera, la asamblea consigna que “nos imaginamos una Ley de Aborto en base al derecho a la vida, que respeta la dignidad y salud de mujeres, niñas y otras personas que pueden abortar, nos imaginamos una sociedad donde la crianza no signifique empobrecerse, nos imaginamos un Chile feminista y paritario, un Estado de Bienestar que entregue las herramientas necesarias para garantizar los derechos de las personas, un Estado inclusivo con perspectiva social”.
Las Confesiones religiosas en Chile ingresaron esta propuesta que ya cuenta con 20.702 firmas de apoyo y que busca “reconocer constitucionalmente y proteger la libertad de conciencia y de religión“, que incluye “la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, el derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias en público o en privado”, además de “cautelarse el derecho de los pueblos originarios a vivir y practicar, individual o colectivamente sus creencias, algunas de cuyas organizaciones concurren a la firma de esta iniciativa”.
Junto a eso, se propone que se reconozca “a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho, con autonomía e igual trato para el desarrollo de sus fines, conforme a su régimen propio” y que se puedan “celebrar acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones“. Se indica también que los grupos y sus templos “estarán exentos de contribuciones” y que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
“Queremos que el derecho a la vida tenga protección constitucional y que esta protección sea desde el momento de la concepción“, establece la propuesta impulsada por el grupo Siempre por la vida, que cuenta con 18.771 apoyos de la ciudadanía. Una solución integral, manifiesta, “exige una sociedad más solidaria que frente a, por ejemplo, un embarazo no deseado, no deje a la mujer sola, sino que la acoja y le provea de los medios materiales y espirituales necesarios para que ese hijo nazca en un ambiente adecuado, respecto a la cual se han creado exitosos programas de acompañamiento“.
En simple, la petición busca que la Constitución, “en primer lugar, reconocer que el no nacido es persona humana” y que, “desde ese reconocimiento, debiera brindarle protección”. Asimismo, señalan, “debiera fortalecer la corresponsabilidad entre el padre y la madre del no nacido, y propender a una sociedad más solidaria que evite que la mujer sienta que su hijo es una ‘carga’ solo para ella”.
Con 17.518 firmas, la iniciativa propuesta por el grupo Acción Educar señala que su objetivo es “asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos“.
Entre otras cosas, Acción Educar indica que “todas las personas tienen el derecho a elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular” y que “el Estado debe proteger este derecho permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio”. Asimismo, entre otras cosas, señalan que “los padres, o quienes tengan el cuidado personal en conformidad a la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, o pupilos en su caso” y que “el Estado asegura la libertad de cátedra de quienes ejercen la enseñanza“.
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En medio de un contexto de inflación global y local, esta propuesta, generada precisamente por el Banco Central Autónomo, representado por Andrés Larraín, cuenta con un apoyo de 18.455 firmas y propone “un texto constitucional que permita al BC seguir protegiendo los sueldos de los trabajadores, evitar crisis económicas y dotar de estabilidad a nuestra moneda, modernizando sus objetivos y estructura“.
“El BC debe ser autónomo, moderno, transparente, incorporar plenamente a la mujer y considerar la sostenibilidad ambiental, además de ser una institución técnica y profesional”, señala la iniciativa, destacando que “para responder a una lógica de Estado (no del gobierno de turno) y contribuir al desarrollo país, el BC debe ser autónomo y enfocado en donde sus herramientas son efectivas”.
17.278 firmas de apoyo tiene el proyecto impulsado por el grupo Educación Libre y Diversa, que postula que “lamentablemente, la politización de las posturas ha llevado a que nos hayamos centrado en soluciones que no han apuntado muchas veces en mejorar lo más importante, que es una mejor educación para todos nuestros niños, niñas y jóvenes”.
En ese sentido, especifica, se refieren a “la libertad de enseñanza y el derecho preferente que tenemos los padres a educar a nuestros hijo” para que “el Estado apoye todo tipo de proyecto educativo, sin discriminación alguna, conscientes que la diversidad es una necesidad fundamental para lograr expandir las potencialidades de nuestros estudiantes”.
¿Quieres saber que ha pasado en la plataforma para ingresar las Iniciativas Populares de Norma?
Te compartimos este detallado informe (Datos hasta las 7:30 hrs. de hoy 10 de enero) pic.twitter.com/TZ9RcMPqru— Chile Convención (@convencioncl) January 10, 2022
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
