El artículo 44 del texto establece que este sistema será "de carácter universal, público e integrado" y se regirá por principios como la solidaridad y la no discriminación. Además, este "podrá estar integrado por prestadores públicos y privados", lo que ha generado la interrogante sobre qué pasará con Fonasa y las isapres.
Una de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas tiene que ver con la salud. Actualmente, alrededor de dos millones de personas están en listas de espera para atenderse en la salud pública, dato que genera consenso en que el sector público es el principal foco de problemas.
“Hemos visto que ha aumentado en promedio 75 mil personas esperando listas de espera. Entonces, por lo tanto, vemos un sistema que es ineficiente”, expresa la ex secretaria de Salud y directora ejecutiva Cips UDD, Paula Daza.
En esa línea, el director de la Escuela de Salud Pública UCH, Óscar Arteaga dice a CNN Chile que “tenemos alrededor de 40 mil camas en el país, eso significa algo así como 2,2 camas por cada mil habitantes. En promedios, los países de la OCDE tienen 4,7 camas por cada mil habitantes, o sea, tenemos una distancia grande”.
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En el artículo 44, del capítulo II de la propuesta de nueva Constitución, se establece la creación del Sistema Nacional de Salud, el que será “de carácter universal, público e integrado” y se regirá “por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”.
¿Qué implica en la práctica? Marisol Peña, abogada constitucionalista, plantea que “universal supone que debe abarcar a todos aquellos que necesiten justamente atención de salud. Un Sistema Nacional de Salud Público es uno que es administrado, que es gestionado fundamentalmente desde el Estado y por el Estado”.
Sobre lo mismo, Claudia Sarmiento, quien también es abogada constitucionalista, precisa que “que sea además integrado supone y es parte del texto que se propone que si se cumplen ciertos requisitos en esta red, pueden participar tanto prestadores, es decir, clínicas, hospitales públicos, pero también privados“.
Asimismo, la propuesta establece que el Sistema Nacional de Salud “podrá estar integrado por prestadores públicos y privados” y la que “ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema”. Sin embargo, hay algunos que discrepan de esta norma.
“Yo no veo un escenario en el que se pueda prescindir de algunos de ellos, a pesar de que los prestadores privados representan en términos del conjunto del sistema una participación que es minoritaria, que es la del sector público, a mí me parece que tiene un rol complementario que es importante y eso tendrá que ser definido entonces en términos de proyectos de ley”, señaló Arteaga. En esa línea, el vicepresidente de la Asociación de Clínicas, Javier Fuenzalida, cataloga la medida como una “incerteza jurídica”.
“Habla de un ‘podrá’, o sea nos invita, pero al mismo tiempo deja una pregunta abierta y creemos que esas incertezas jurídicas hoy día cuestionan y complican y nos hubiese gustado que fuera mucho más explícito porque nosotros creemos que somos un actor indispensable en el modelo de salud”, dice.
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El nuevo sistema sería financiado a través de “las rentas generales de la nación”. Adicionalmente, se establece que “la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”.
Esto ha generado dudas sobre lo que pasará con Fonasa y las isapres. En ese sentido, la ex subsecretaria de Salud Paula Daza sostiene que “lo que queda claro es que desaparecen las isapres, el seguro privado en esta primera línea, este 7% que los 3 millones de personas están imponiendo hoy día en las isapres, van todas al sector público. Es el 7%, podrá ser más, podrá ser menos, pero esto implica un gasto importante para el Estado“.
“Se cree que hoy día, con los recursos del sector privado, se va a poder financiar este sector público, y no es así”, zanjó.
Sobre lo mismo, el ex ministro de salud Álvaro Erazo comenta que “otro aspecto que también queda plasmado en la Constitución es que sea progresivo, o sea, no puede estar sometido a los vaivenes del mercado o de las crisis. Yo no me estoy imaginando que el día en que se legisle el nuevo proyecto de ley, acá la gente que estaba en las Isapres va toda a terminar en Fonasa”.
En el caso de las listas de espera, quienes apoyan la norma aspiran a que la propuesta sea la base inicial para reducirlas. “El grupo más importante que hoy día está en listas de espera, que son estas personas que hoy día están en Fonasa pero que además se atienden en los consultorios y hospitales, van a ver aún más alejada la posibilidad de atenderse, porque le va a llegar a un grupo importante de los 3,4 millones de personas en isapres que no van a poder pagar dos veces su plan de salud y también le va a llegar a los 8 millones de atenciones que hoy día son de Fonasa, pero que se hacen a través de la modalidad de libre elección, es decir, se va a apretar aún más un sistema que hoy ya se encuentra bastante saturado“, expresa el ex convencional de la UDI Arturo Zúñiga.
Por su parte, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional Gaspar Domínguez hace hincapié en que “los recursos sanitarios como médicos, máquinas para hacerse exámenes, van a ser los mismos que los que tenemos ahora. La idea es que estén todos a disposición de la ciudadanía y es por eso que a diferencia de hoy, que quien puede pagar puede acceder a los recursos sanitarios antes, esperamos que los recursos estén disponibles para el sistema nacional de salud y no va a existir un país del mundo donde no hayan listas de esperas. Lo que necesitamos es que los tiempos de espera sean cortos”.
La propuesta fija un plazo de 18 meses para legislar la estructura específica del nuevo sistema, por lo tanto, será el Congreso quien dará respuesta a gran parte de las incógnitas del nuevo sistema de salud.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
