Un pronunciamiento firmado por el contralor Jorge Bermúdez señaló que esta solicitud de los ediles, que generó polémica con el ministerio de Salud, "forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y constituye un dato sensible".
La Contraloría General de la República dictaminó este martes que los alcaldes no tienen las facultades legales para obtener información sobre los pacientes con COVID-19.
El pronunciamiento fue emitido luego de que el Ministerio de Salud pidiera una resolución en torno al tema a raíz de las solicitudes realizadas por distintos municipios.
“La información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19 forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y constituye un dato sensible“, establece el dictamen del ente fiscalizador.
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“Solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente”, agrega el documento firmado por Jorge Bermúdez.
El asunto generó que los 58 alcaldes firmaran una carta para realizar la petición, a lo que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió que “con la mejor intención, están alentando al ministerio a que cometamos un delito”.
Finalmente, el texto cita que ni la ley Nº 20.584 ni otros textos legales “autorizan expresamente a las municipalidades o sus respectivos alcaldes para realizar el tratamiento de datos sensibles”, por lo que “no resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud”.
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Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
