La subsecretaria Martorell declaró que, en el caso del presidente del directorio de la clínica, "hay una intención de apropiarse de un bien que es del Estado". En tanto que desde el recinto médico entregaron sus descargos por el sumario sanitario.
La subsecretaria Paula Daza se refirió este jueves, en el balance del Ministerio de Salud (Minsal), a la información que se reveló esta jornada sobre los nuevos casos de personas que recibieron una tercera dosis contra el COVID-19 en la Clínica Las Condes (CLC).
Según se dio conocer en los descargos de la CLC ante el sumario sanitario realizado por la seremi de Salud, por la tercera dosis suministrada al presidente del directorio de la clínica, Alejandro Gil, hay otros cuatro vacunados que fueron inoculados tres veces, lo que fue informado a la autoridad sanitaria como EPRO (errores programáticos en la plataforma de vacunación) con anterioridad, pero no se iniciaron investigaciones.
Al respecto, Daza declaró que “la mayoría de esas notificaciones son errores humanos, es decir, ¿cuál es la notificación? Que las personas antes de registrar en el RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones) coloca la vacuna y después se da cuenta que ya tenía dos dosis”.
En los mencionados descargos de la CLC, también se cuestiona al gobierno por el supuesto cambio de criterio entre el caso del presidente del directorio y los otros mencionados como EPRO que no fueron sumariados.
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Daza aclaró que estos cuatro casos son “muy distintos a la notificación que se hizo por personal de salud de la misma clínica, donde la notificación que hace es que personal de salud fue obligado colocar una tercera dosis”.
“Son errores programáticos distintos y en función de esa notificación por el personal de salud que dice fue obligada a colocar la tercera dosis se decidió, por parte de la Seremi, realizar una investigación”, agregó.
Por su parte, el propio ministro Enrique Paris sostuvo que “no hay ningún cambio de criterio”.
Sobre este punto entregó más detalles la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien explicó que “una persona que llega a exigir una vacuna, saltándose la fila, y no sólo eso, sino que se apropia de un bien que es del Estado, en este caso no hay un error, hay una intención de ponerse una vacuna”.
“Desde la perspectiva del gobierno hay una intención de apropiarse de un bien que es del Estado, lo que reviste de características de delito penal por eso se presenta la denuncia ante la Fiscalía”, concluyó.
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