Tomás Pascual, jefe de la Unidad de Derechos Humanos del organismo, explicó que se enfocarán en personas cuyos delitos "no están dentro de los más graves". A ellos sumarán a quienes cometieron por primera vez un ilícito y los imputados por condenas que históricamente no son privativas de libertad.
La Defensoría Penal Pública (DPP), que representa al 92% de los casos del sistema penal, buscará conseguir la libertad de cerca de 3 mil imputados que actualmente se encuentran en prisión preventiva, con el fin de evitar un posible contagio por COVID-19 al interior de las cárceles.
De acuerdo al reporte diario de Gendarmería, hasta este miércoles había 26 presos y 76 funcionarios penitenciarios contagiados. Una cifra que podría aumentar, según el informe de la Corte Suprema sobre las condiciones de los recintos penitenciarios para enfrentar la crisis, que indicó que “el sistema de hacinamiento es una bomba de tiempo”.
En ese escenario, según publica La Tercera, el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual, explicó que se enfocarán “en el grupo de delitos que no están dentro de los más graves, sumado a los (imputados) primerizos (que cometieron por primera vez un ilícito) y las condenas que históricamente no son privativas de libertad, aspiramos a tratar de revisar 3.000 casos”.
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La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal -que reúne a diferentes organismos estatales- acordó hace dos semanas impulsar gestiones para reducir el número de internos en prisión preventiva, con el fin de descongestionar las cárceles en medio de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, desde la Defensoría señalan que la decisión no se ha materializado y que, entre el 3 de marzo y el 14 de abril, han requerido 1.132 audiencias de revisión de medidas cautelares, de las cuales se han realizado 750. Hasta ahora, 242 personas imputadas han podido salir de la cárcel.
En tanto, indican que los tribunales han rechazado 508 peticiones y la Fiscalía se ha opuesto en 621 casos a cambiar la prisión preventiva.
Pascual apuntó al Ministerio Público y señaló que “al principio se oponía a todo, a pesar de que había manifestado su voluntad de poder revisar los casos de prisión preventiva, lo que es lamentable, porque una oposición de 80% es oponerse a casi todos los casos”.
Desde el organismo, en tanto, aseguraron que “el fiscal nacional prepara la dictación de un instructivo para los fiscales del país, cuyo objetivo es utilizar los mismos criterios establecidos en el proyecto de ley de indulto conmutativo, beneficiando a un grupo de imputados privados de libertad por delitos menos graves y excluyendo intransablemente a quienes estén recluidos por la comisión de delitos graves”.
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La iniciativa, impulsada por Conecta Mayor UC, la Pontificia Universidad Católica de Chile y El Mercurio, destaca a figuras de nuestro país mayores de 75 años y que aportan desde sus diversos ámbitos al país.
