La cuarentena y los cordones sanitarios son entendidos como caso fortuito o de fuerza mayor. La subsecretaria de Prevención del delito explicó que las medidas tienen como fin “asegurar el sueldo de los trabajadores” y que “no puede romperse el vínculo laboral”.
En el marco de la pandemia del COVID-19, la Dirección del Trabajo dictaminó las relaciones entre trabajador y empleador en caso de cuarentena total.
Esto debido a las distintas consultas por cómo deben operar empleadores y trabajadores ante un escenario de cuarentena.
Las primeras dudas fueron posterior al cordón sanitario y medidas restrictivas en Chillán, Chillán Viejo y Puerto Williams. Posterior a la orden de cuarentena en siete comunas de la Región Metropolitana las dudas crecieron aún más.
El primer punto del documento explica las obligaciones contractuales de las partes: ante un decreto de medidas restrictivas, como cuarentena total o cordón sanitario, al ser un acto de respuesta ante una medida sanitaria, se configura como caso fortuito o de fuerza mayor.
Esto significa que “se exonera a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo. A saber, otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración de parte del empleador y asistir a prestar los servicios pactados por parte del trabajador”.
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Asimismo, el trabajador no está obligado a cumplir sus funciones y el empleador no está obligado a pagar las remuneraciones: “esta situación debe ser necesariamente analizada por los tribunales ordinarios de justicia, quienes, en definitiva son los encargados de dirimir alguna controversial”, sostiene el dictamen.
El segundo punto dice que todo las labores indispensables para la población están exentas de apelar a los alcances de caso fortuito o fuerza mayor, entonces será necesario un salvoconducto y, en caso de un cordón sanitario, un permiso para que el trabajador pueda acceder a su lugar de trabajo.
El tercer punto afirma que los empledores deben garantizar la protección de sus trabajadores y pueden considerar adelantar o postergar el inicio y término de la jornada de trabajo.
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Además, dicta que la remuneración será en función de las horas trabajadas.
En cuarto lugar, establece que el empleador está exento de pagar remuneración de un trabajador que, habiendo terminado su jornada diaria, decida permanecer en las instalaciones de la empresa a la espera del levantamiento de, por ejemplo, el toque de queda.
Finalmente, consigna que deberán garantizar la asignación de movilización si se tuviera pactada individual o colectivamente entre las partes.
Ante diversas dudas en cuanto a estas medidas, la subsecretaria de Prevención del delito, Katherine Martorell, explicó que con estas medidas “no puede romperse el vínculo laboral. Y al mismo tiempo en el proyecto de ley que se encuentra en el Senado, se ha establecido una indicación con efecto retroactivo”.
En sus palabras, tiene como fin “asegurar el sueldo de los trabajadores”.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
