El Gobierno espera alcanzar una capacidad de 12 mil cupos en estos recintos destinados a contagiados, contactos estrechos y funcionarios de la salud. Personas con adicciones o postrados, por ejemplo, no pueden acceder a estos establecimientos.
Cristian Garrido vive con su madre de 80 años, un hermano con cáncer y niños en la casa. Apenas hace unos días se enteró que es COVID-19 positivo y ahora se traslada a una residencia sanitaria.
“Me he sentido bien, un poquito complicado de los riñones y un poquito de fiebre. Yo preferí mejor salir de acá para no perjudicar a las personas“, explica a CHV Noticias.
Actualmente, hay más 3.800 pacientes en residencias sanitarias en todo Chile. A nivel nacional hay 123 habilitadas, 87 de ellas en la capital, y se espera llegar a una capacidad de 12 mil cupos.
En la Seremi de Salud de la Región Metropolitana el movimiento no para. Desde temprano comienzan a coordinar el traslado de pacientes desde distintas comunas. El encargado de las residencias en la capital, Gonzalo Judikis, explica que “hay una planificacion diaria que entran solicitudes por el call center, correo, llaman a la seremi y eso lo consolidamos al final del día“.
Una persona confirmada con coronavirus, que haya sido contacto estrecho o que sea funcionario de la salud puede optar a uno de estos recintos. Muchos de ellos son trasladados en un furgón escolar.
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Sin embargo, no todos los pacientes son aceptados. Personas que no sean autovalentes o con adicciones no pueden ingresar, entre otros motivos.
Paula Labra, seremi de Salud de la Región Metropolitana, señala que “las residencias sanitarias no son hospitales. Contamos con todos los cuidados médicos necesarios básicos, por lo tanto, por eso es necesario que estas personas sean asintomáticas o sintomáticas leves“.
En este caso, un adulto mayor postrado no podría ingresar a una residencia porque “no contamos con personal especializado para que pueda atenderlo”, dice Labra.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
