La autoridad respondió a los cuestionamientos por las grandes compañías que se han acogido a la normativa, enfatizando en que "la ley no distingue si la puede ocupar una micro, pequeña, mediana o gran empresa, siempre en la medida que se requiera su uso".
De acuerdo al último balance del Ministerio del Trabajo, más de 56 mil empresas han solicitado suspender los contratos con sus empleados desde el pasado 15 de abril, una medida que involucra a 786 mil trabajadores, quienes en los próximos días se podrán acoger a la Ley de Protección al Empleo.
En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, aseguró que la normativa tiene como foco la protección del empleo, por lo que está pensada en que el trabajador pueda “tener un respiro”.
En ese sentido, explica que “se suspende la relación laboral, pero el trabajador mantiene su puesto, por lo que el empleador sigue pagando las cotizaciones y el empleado va a tener un ingreso a cargo del seguro de cesantía por el tiempo que dure la suspensión”.
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Con respecto al periodo de suspensión, la autoridad señala que “el escenario ideal es que dure lo menos posible”, acotando que, cuando termina la pausa, ambas partes deben retomar su relación laboral.
Asimismo, indica que, aunque el tiempo máximo de suspensión es de seis meses, puede haber diversos pactos sucesivos en el año.
Por otro lado, Arab respondió a los cuestionamientos por el tipo de compañías que se están acogiendo a la normativa, enfatizando en que “la ley no distingue si la puede ocupar una micro, pequeña, mediana o gran empresa, siempre en la medida que se requiera su uso”.
“El elemento diferenciador no puede ser el tamaño de la empresa”, sentencia el subsecretario, afirmando que la idea es “evitar que aquellas empresas que sí lo están pasando mal, despidan”.
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Sin embargo, advirtió que habrá una fiscalización “bien acuciosa” por parte de la Dirección del Trabajo, que en caso de detectar un abuso podrá derivar los antecedentes a los tribunales civiles o penales, los que podrían determinar sanciones de hasta cinco años de cárcel.
“Queremos evitar los abusos, no queremos que empleadores que no necesitan esta ley hagan uso y abuso de esta ley. Si hay empresas que hoy están teniendo utilidades incluso mayores que las que tenían antes de la crisis, o tienen a todos sus trabajadores teletrabajando, por lo que siguen generando ingresos, no corresponde que se acojan a esta ley”, puntualizó.
Finalmente, la autoridad hizo un llamado a hacer un buen uso de la normativa, ya que según él, sin duda “vino a evitar despidos”. “Es cosa de mirar las estadísticas de marzo”, concluyó.
