Proponen cambio al proyecto de fraude con tarjetas que limita los reembolsos

Durante este mes se podría terminar por definir el proyecto que busca responsabilizar a las empresas bancarias ante los fraudes con tarjetas. Esto, luego que comenzara a analizarse la propuesta en Comisión Mixta, donde diputados y senadores deberán acordar los detalles para aprobar o rechazar la iniciativa.

Para esto, asesores de los parlamentarios crearon una mesa de trabajo, junto al Ministerio de Economía, donde se dio forma a un documento que incluye modificaciones al proyecto, que tienen relación con el reembolso de los dineros sustraídos.

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De acuerdo a lo reportado por La Tercera, el proyecto original indica que los bancos se harán cargo de cualquier fraude que sea reclamado por los usuarios, restituyendo todos los fondos en un plazo máximo de 7 días hábiles.

Sin embargo, se introdujo un cambio que propone que el dinero sea restituido a los clientes en un menor plazo (5 días hábiles), siempre que el fraude sea de hasta 10 UF (cerca de $280.000). Si el monto es superior a esta cifra, solo se reembolsaría el 25% en este periodo de tiempo, y luego el banco tendría otros 7 días extra (12 días hábiles desde el reclamo) para reunir antecedentes y definir si hubo “dolo o culpa” del usuario.

En este caso, el banco podría recurrir a tribunales sin restituir la totalidad de los fondos hasta que finalice el juicio. Un trámite que puede llegar a durar hasta dos años.

Por el contrario, si el emisor no presenta una acción a la justicia, el banco deberá restituir de forma inmediata todo el saldo restante del monto reclamado.

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Al respecto de este ajuste al proyecto, el Ministerio de Economía señaló que “surge que el pago de las operaciones que el tarjetahabiente no reconozca como de su autoría es de responsabilidad del emisor de la tarjeta, y, en el momento en que se denuncia ese hecho, el banco de inmediato debe restituir al usuario los pagos que se hayan efectuado, hasta un monto determinado. Lo que supere ese monto, tiene un plazo adicional, breve, para determinar si hay presunción o no de dolo o culpa de parte del tarjetahabiente”.

La cartera agrega que se trata de una fórmula que debe ser votada y discutida por los parlamentarios próximamente.