Cristina Torres contestó a los cuestionamientos que han surgido por parte de expertos -entre ellos del consejo asesor económico de Gabriel Boric- al financiamiento del proyecto. “Tanto la administración anterior como este gobierno han impulsado iniciativas hoy trabadas en el debate legislativo, y los pensionados no merecen seguir esperando”, afirmó.
La directora de Presupuestos, Cristina Torres, respondió a las críticas sobre cómo se financiará el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) impulsado por el Gobierno, asegurando que “la solución está a la vuelta de la esquina”.
A través de una carta publicada en El Mercurio, Torres explicó las interrogantes que expertos, entre ellos integrantes del consejo asesor económico del presidente electo Gabriel Boric, han planteado respecto a la iniciativa.
En primera instancia, la directora de Presupuestos sostuvo que “tanto la administración anterior como este gobierno han impulsado iniciativas hoy trabadas en el debate legislativo, y los pensionados no merecen seguir esperando. La solución está a la vuelta de le esquina y, dejando de lado la estrechez política, si este proyecto se aprueba, su pago en febrero mejorará la calidad de vida de los adultos mayores”.
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En ese sentido, Torres planteó la interrogante sobre si los cuestionamientos son “una crítica a la forma o al fondo”.
“Si es a la forma, y a la separación del proyecto de exenciones, instamos a que tan reconocidos técnicos puedan relevar la importancia de aprobar dicha iniciativa de la mano de la PGU”, respondió.
En tanto, “si es al fondo, es necesario repasar conceptos que permiten explicar el financiamiento de los 0,9 puntos del PIB que irroga la nueva PGU. Primero, se cuenta con 0,35% del PIB que se recaudarán a través de las citadas exenciones tributarias”.
“Segundo, 0,1% del PIB proviene de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones. Este fue creado con el objeto de completar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas del Pilar Solidario. Lo que se hace no es utilizar los más de US$7.400 millones ahorrados, sino que se modifica su regla de ahorro, pasando del 0,2% del PIB de aporte obligatorio a un 0,1% para contribuir al financiamiento de la PGU y el otro 0,1% del PIB se seguirá ahorrando”, añadió.
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“Y, tercero, 0,5% del PIB ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público de Presupuesto 2022, que acaba de aprobar el Congreso, donde se encuentran más de $900.000 millones para la Reforma Previsional. Para los años siguientes, en el Programa Financiamiento de Mediano Plazo 2023-2016, también en los gastos, se considera aproximadamente 0,5% del PIB para dicho fin”, concluyó.
Torres indicó que “en la misiva se señala que el financiamiento proviene de ‘holguras’, lo que no es correcto. Parte del financiamiento de la PGU, como se dijo, ya se encuentra en las estimaciones de gastos comprometidos, lo que difiere de las holguras fiscales”.
“Estas corresponden a recursos sin compromiso de gasto, y son aquellas que se presentan al comparar en el programa de financiamiento los gastos comprometidos con el nivel de gasto que es compatible con la meta de balance estructural definida para cada año”, aseguró.
Finalmente, Torres manifestó que “la responsabilidad fiscal es tarea de todos y el eje central de esta administración ha sido su resguardo, donde no es prudente confundir conceptos técnicos”.
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