La crisis sanitaria trajo consigo la inestabilidad financiera de la aerolínea, que se acogió a la Ley de Quiebras estadounidense y, para continuar operando, despidió a un total de 1.400 funcionarios en un solo mes. Los ex trabajadores buscan una solución y exigen a las autoridades ser reintegrados a la compañía.
Leandro Bravo tiene 27 años y vive solo en la ciudad de Antofagasta. Su situación económica actual es complicada: es uno de los 290 trabajadores del país que fueron despedidos el pasado 15 de mayo por la aerolínea Latam.
En ese momento, el holding desvinculó a un total de 1.400 trabajadores en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, pero no fue el único día de malas noticias. El 22 de mayo, los despidos internacionales y nacionales sumaban a otras 450 personas. Los efectos del COVID-19 también habían llegado a la industria aérea.
Sin pasajeros en viajes, fronteras cerradas y vuelos cancelados. El panorama para estas compañías es devastador y sus ingresos se desplomaron. Con deudas bancarias que varían entre los mil y mil quinientos millones de dólares, para Latam Airlines sus USD$1.350 millones en caja no fueron suficientes.
Por ello la empresa anunció la cesación de pagos y un proceso voluntario de reestructuración, bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de USA. De esta forma, la filial podrá adecuar sus operaciones al nuevo entorno de demanda y reorganizar sus balances financieros.
Karina Piña, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas y experta en Derecho Laboral, explica que “al acogerse a este capítulo, Latam podrá seguir funcionando y manteniendo el control sobre sus operaciones, pero bajo la supervisión de la corte de Nueva York. Deberá, por tanto, reorganizar sus operaciones y aplicar un plan de ajuste a esta nueva realidad dada por el COVID-19”.
De esta forma, este procedimiento al que se acogieron las filiales de Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Chile, permite a la compañía poner su marca, patrimonio y rutas como garantías ante un juez de Estados Unidos para aplazar el pago de obligaciones financieras, y, al mismo tiempo, continuar sus operaciones.
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Sin embargo, el abogado Ignacio Arteaga señala que “en estricto rigor, jurídicamente, el procedimiento no tiene efectos en Chile mientras no sea reconocido por los tribunales y la superintendencia en nuestro país. Esto implica reconocer la validez del procedimiento concursal extranjero para el ordenamiento chileno, permitiendo así al tribunal chileno tomar medidas sobre los bienes del deudor que se encuentren en Chile o los intereses de los acreedores”.
Así, entre los efectos de este reconocimiento está la posibilidad de que se suspenda la iniciación o la continuación de procedimientos judiciales relativos a Latam, además de “suspender toda medida de ejecución contra los bienes del deudor, o suspender el ejercicio del derecho a transferir o gravar los bienes del deudor”, apunta Arteaga.
A partir de la decisión de acogerse a la Ley de Bancarrota estadounidense, la filial tiene cuatro meses para proponer una reestructuración y medio año para que la propuesta sea votada por los acreedores. De no ser aprobada, la compañía se liquidaría bajo la misma ley norteamericana.
Antes de la pandemia, Latam Airlines contaba con un total de 11 mil trabajadores en el país. En el mes de marzo, y con el fin de adaptarse a la nueva realidad sin la necesidad de recurrir a los despidos, cerca de 10.400 trabajadores firmaron una cláusula de reducción salarial. Fueron solo 600 empleados los que no vieron perjudicado su sueldo, debido a que ganaban menos de $750.000. Leandro fue uno de ellos.
“Quedamos fuera porque nuestros sueldos eran más bajos en relación a otras áreas. Los que firmaron, vieron reducido su sueldo entre un 5% hasta un 50%”, señala. Dos meses después de la firma de dicho documento, los trabajadores fueron igualmente desvinculados, y tras la reducción de su sueldo, también sus finiquitos se vieron alterados.
Un ex operario de rampa del aeropuerto de Antofagasta cuenta que en febrero tuvieron la primera reunión. “Nos dijeron que le bajáramos el perfil al virus y que siguiéramos trabajando sin problemas. Pero en marzo, se nos preguntó si aceptábamos reducir nuestros sueldos en un 50% o si tomaríamos otros rumbos. La mayoría decidió quedarse, pensando que habría un respaldo, pero de a poco empezó a aumentar el miedo”, cuenta el trabajador de 30 años, quien ve con preocupación su futuro económico y el de su hija pequeña.
“Nos ofrecieron seguir trabajando, pero sin goce de sueldo hasta por un año, y luego comenzaron a desvincular gente. Nos mintieron, esto es todo un negocio. Es un fraude”, indicó junto con agregar que “no tienes de dónde afirmarte. Jamás pensé que la empresa nos dejaría botados en medio de esto, en cuarentena y sin poder salir. ¿Qué comemos?”, dice.
Es por ello que hoy están pidiendo ayuda y lo hicieron exponiendo su situación ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Además, redactaron una carta dirigida a Roberto Alvo, CEO de Latam, sin embargo, no han obtenido una respuesta.
“Somos nosotros los trabajadores quienes estuvimos los primeros días de la pandemia, transportando cargas y reutilizando mascarillas. Con menos de USD$ 1 millón se puede entregar salario de tres meses a las 290 familias despedidas el 15 de mayo. La empresa maneja volúmenes de dinero grandes y ellos mismos declararon que para iniciar su proceso de reestructuración, contaban con USD$1.300 millones”, señala Leandro.
Además de ello, apunta a que la empresa estaría pidiendo intervención estatal y que, con ese dinero recaudado, podrían reincorporarlos a sus trabajos. Sin embargo, la ley dice otra cosa.
“La situación de los trabajadores es delicada. Aquellos que han sido desvinculados resguardando todos sus derechos laborales reconocidos por la ley y ya han firmado sus finiquitos laborales no pueden exigir a Latam que los reincorpore, porque esa es una facultad que depende exclusivamente de la empresa. La alternativa que tienen esos trabajadores es hacer efectivo el pago por la AFC (Administradora de Fondos del Seguro de Cesantía) de su seguro de cesantía”, explica el abogado Ignacio Arteaga.
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Hace solo unos días, el ministro Ignacio Briones presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado un plan de rescate para las empresas consideradas “estratégicas” para el país. No hubo definición clara del concepto citado, sin embargo, sí se entregó como ejemplo a la aerolínea Latam, dejando entreabierta la posibilidad de una ayuda económica a la filial.
Si bien en marzo el titular de la cartera de Economía, Lucas Palacios, había descartado la asistencia financiera, dos meses después, sostuvo que “no hay que descartar nada hacia el futuro, por eso nuestra política ha sido de flexibilidad, porque hay que ir viendo cómo se desarrollan los hechos“.
Para salvar a la compañía controlada por el grupo Cueto, expertos señalan que una de las medidas que permitiría mitigar la crisis financiera es la desvinculación de trabajadores. El someterse a las reglas de reorganización supervisadas por un Juez, implica que pierden la autonomía en la toma de decisiones, y, por ende, la posibilidad de reincorporar a los empleados en el corto plazo es prácticamente imposible.
Lo anterior, “puesto que todos los esfuerzos económicos están direccionados al cumplimiento de los compromisos financieros con sus acreedores. Si el Estado llega a inyectar recursos a la filial, estarán destinados a dar cobertura a las deudas contraídas con acreedores nacionales. Los esfuerzos apuntan al pago de deudas y al mantenimiento de operaciones que, a su vez, permitirá mantener a los trabajadores actuales”, señala la experta en Derecho Laboral, Karina Piña.
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De esta forma, los trabajadores desvinculados no tienen alternativa judicial para ser reintegrados y sólo pueden exigir el pago de deudas de remuneraciones, cotizaciones o indemnizaciones.
Pese a ello, los ahora ex empleados continúan esperando una respuesta de la empresa. “Para nosotros es terrible, quedar en la incertidumbre. No sabemos dónde encontrar trabajo con el peak de la pandemia, una crisis hospitalaria. Tenemos deudas y arriendos que pagar. Si Latam pide un rescate financiero, ¿cómo es posible que no considere a todas las familias que dejó en la calle?”, concluye Leandro.
Las actividades están enmarcadas en el lema "Salgamos a jugar", por lo que el énfasis estará en los juegos tradicionales y la "transmisión intergeneracional de la riqueza cultural". La jornada se realizará en 16 regiones del país.
