Lo expresado en octubre sobre prohibir que las empresas Gasco, Abastible y Lipigas participaran en la distribución de gas licuado a los consumidores, y también sobre cambios regulatorios al negocio para bajar precios, fue confirmado este miércoles por la Fiscalía Nacional Económica; críticas que las compañías del rubro no comparten.
A fines de noviembre de 2021, la Comisión investigadora del mercado del gas licuado en la Cámara de Diputadas y Diputados, anunció la aprobación unánime de un informe de conclusiones y propuestas ante presuntos actos de colusión.
Por eso, el organismo solicitó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) “que presente cuanto antes y sin dilación, un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por eventual colusión del GLP (Gas Licuado de Petróleo)”.
Un mes antes, la FNE había dado a conocer el Informe Preliminar de su sexto Estudio de Mercado, que abordó el mercado del gas en Chile en el período comprendido entre 2010 y 2020. En él, recomendó prohibir que las empresas Gasco, Abastible y Lipigas participaran en la distribución de gas licuado a los consumidores y propuso cambios regulatorios al negocio para bajar precios.
Finalmente, este miércoles la FNE confirmó la recomendación propuesta en octubre para prohibir la distribución por parte de estas empresas, junto a otras propuestas para aumentar la competencia en dicho mercado, con el fin de amortiguar la histórica alza de precios que ha tenido el gas licuado. De esta manera, todas las recomendaciones ya fueron enviadas al Ministerio de Energía.
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Por su parte, Lipigas emitió un comunicado señalando que, a pesar de estar “a favor de las iniciativas que aumenten la competencia y vayan en beneficio de los consumidores”, consideran que “las recomendaciones de la FNE van en el sentido contrario”, manifestando que “la Fiscalía se equivoca en su análisis final e insiste en un diagnóstico errado que no soluciona el problema y que irá en directo perjuicio de los consumidores“.
En defensa de su gestión, la empresa indicó que la FNE “habla de un sobreprecio de 15% en el gas a nivel de la industria, lo que es errado” y, “en el caso de Lipigas, el error es aún mayor”, afirmando que “la compañía invierte más de $30 mil millones al año en el negocio de GLP (Gas Licuado de Petróleo), lo cual la FNE tampoco considera”.
Como ejemplos, destacaron “el desarrollo de terminales marítimos para garantizar seguridad energética, la modernización de plantas de envasado, inversión en flotas de camiones modernos que dan continuidad al suministro, el desarrollo de logística avanzada y la digitalización de procesos para mayor eficiencia, entre otros costos e inversiones”.
El problema, en la vision de la empresa, “es que el diagnóstico errado de la FNE genera falsas expectativas de una rebaja de precio, el que en Chile depende del precio internacional del gas y lleva a medidas que podrían dañar a las personas.
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“El verdadero problema de fondo”, culminaron, “es que el precio internacional del gas ha subido más del doble en los últimos 12 meses, y a menos que se tomen medidas al respecto, los precios seguirán presionando a los actuales y futuros actores de la industria, además de los consumidores”.
Por su parte, la empresa Gasco lamentó “que no se hayan considerado los argumentos, estudios y observaciones entregadas por la empresa, y se sigan validando los errores e inexactitudes del informe preliminar”, sumándose al argumento de que la FNE “omite una serie de costos relevantes ligados a la operación“.
Finalmente, apuntaron a que “la propuesta de prohibir que las empresas mayoristas participen en el mercado minorista, puede terminar afectando la calidad, eficiencia y seguridad del servicio a los consumidores”.
