La iniciativa buscará establecer una garantía estatal para que las personas puedan refinanciar sus deudas con instituciones financieras, para que las condiciones sean más favorables a las de los créditos que sustituyan.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este lunes un nuevo paquete legislativo de medidas para prevenir o aminorar el sobreendeudamiento de personas de clase media.
Uno de los objetivos de este proyecto de ley es que las personas puedan disminuir la carga financiera (CF), es decir, la parte de su ingreso mensual que deben destinar al pago de sus deudas.
En ese sentido, desde el Gobierno indicaron que, según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a marzo de este año, la carga financiera de las personas llegaba a un 31,7% en promedio; y a un 38,2% en el caso de las personas con ingresos mensuales inferiores a $500.000.
Este escenario era aún más crítico si se remitía a las personas sobreendeudadas, quienes registraban una carga financiera promedio de un 66,4%; número que subía a un 76,7% en el caso de aquellos con menos de $500.000 de ingreso mensual.
La iniciativa del Gobierno crea el Programa de Garantías de Apoyo al Sobrendeudamiento, el cual busca que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas que posean un alto nivel de endeudamiento, medido como relación deuda a ingreso.
Se espera que, dada la garantía estatal, las condiciones de pago de las deudas refinanciadas con la institución financiera sean más favorables a las de los créditos que sustituyan, generando así una reducción de la carga financiera mensual para personas naturales.
El ministro Marcel destacó que este programa “va a permitir que un número importante de hogares, y especialmente pensando también lo que habrán de poner de su parte los propios bancos, van a poder reducir de manera significativa la carga financiera, es decir, los pagos que corresponde efectuar mes a mes para afrontar sus deudas de carácter financiero”.
Este es un programa al que se podrá postular durante un año, cumpliendo los siguientes requisitos:
Además, de acuerdo a antecedentes de la CMF indicados por el Ejecutivo, en el grupo de menor ingreso la deuda mediana asciende a $3 millones; mientras que en aquel con ingresos entre $1 millón y $ 1,5 millones, la deuda mediana alcanza los $10,5 millones.
El costo fiscal de este beneficio se proyecta en torno a los US$ 23 millones anuales.
A marzo de 2023, el 14% de los montos facturados de las tarjetas de crédito en los bancos pagaban menos que el mínimo exigido. En el caso de los emisores de tarjeta no bancarios un 54% de los montos facturados pagaba solo el mínimo o menos, según datos de la CMF.
“Las modificaciones son para que las personas al momento de efectuar el pago de su tarjeta sepan cuánto tienen que pagar para que su compra en cuotas sin intereses no se le transforme en un crédito con interés” explicó el ministro Marcel.
Con esta iniciativa se busca que las personas conozcan cuál es el monto mínimo de pago, cómo está compuesto y a cuánto subiría su deuda si solo paga dicho monto, versus pagar el total facturado del mes. El proyecto otorgaría la facultad a la CMF para que defina una fijación del pago mínimo que genere efectos positivos en las finanzas personales de los consumidores, ya que, al disminuir el tiempo necesario para pagar la deuda, también disminuyen los costos totales del crédito y la posibilidad de morosidad.
En esa línea, el ministro recalcó la importancia de avanzar en esta materia, dado que “esto es una anomalía que se presta para confusión por parte de la ciudadanía y tiende a incentivar el sobreendeudamiento porque las personas aceptan pagos en cuotas sin intereses, pero sin tomar en cuenta que eso se puede transformar fácilmente en un crédito con altos intereses”.
El paquete considera también cambios a la Ley de Fraudes, buscando reducir conductas negligentes o graves.
Según cifras de la CMF, antes de la entrada en vigencia de la ley de fraudes por cada millón de pesos transado, $93 se reportaban como transacción fraudulenta. Luego de la ley, esa proporción aumentó: por cada millón transado, $587 fueron reportados como fraudulentos. En promedio hay 60 mil eventos de no reconocimiento de transacciones al mes, siendo BancoEstado la institución más afectada tanto en cantidad de usuarios como en montos.
Esta iniciativa propone que las instituciones ejerzan acciones legales en aquellos casos donde exista información suficiente que permita presumir negligencia grave o dolo de parte del usuario que reportó como fraudulenta una transacción. También busca ampliar los plazos de reembolso, pasando de cinco a diez días, aumentándolos si la transacción es superior a 35 UF.
Asimismo, otorga facultades a la CMF para dictar estándares mínimos que permitan excusarse del reembolso cuando acrediten contar con mecanismos de seguridad y haya elementos para presumir el dolo. En particular, no se permitirá desconocer transacciones realizadas entre cuentas propias ni tampoco si el usuario reconoció haber entregado sus claves.
Marcel explicó que con esta iniciativa “se busca regular y controlar situaciones que son bastante evidentes de abuso o permitir que se pueda actuar en contra de personas que puedan estar efectuando operaciones de esa manera”. Y agregó: “¿Qué tiene que ver esto con el endeudamiento? Tiene que ver, pues mientras mayor sean los fraudes que tienen que ser absorbidos por las instituciones financieras o los emisores de tarjeta, mayor es el costo financiero que van a enfrentar todos los usuarios del sistema”.
Por último, el paquete considera la ampliación de la cobertura del Fogaes Construcción, así como la flexibilización del monto de ventas anuales para que una empresa sea elegible, particularmente para aquellas empresas constructoras que trabajen en proyectos públicos donde el mandante sea el Ministerio de Vivienda, el MOP o el Ministerio de Salud.
También, se incorpora un cambio al Fogaes Vivienda, modificando la regulación de compañías de seguro y otras (DFL número 251), incorporando a las mutuarias como posibles sujetos de garantías.
Experto en política estadounidense y ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., el cientista político chileno analiza las elecciones presidenciales y su impacto en la relación de EE.UU. con América Latina.
