Ya fue aprobada en el Senado y contempla sanciones para los clientes que rompan la normativa. Desde Uber han iniciado una campaña para cambiar puntos que, según las aplicaciones, aumentarían las tarifas y generarían desempleo.
Preocupación han expresado empresas como Uber y Cabify por la ley que busca regular el transporte de pasajeros a través de aplicaciones. La iniciativa fue aprobada el 9 de julio en el Senado con 39 votos a favor, 3 abstenciones y apenas un voto en contra. Ahora el plazo para realizar las indicaciones se extenderá hasta el 30 de agosto.
Desde la empresa comenzaron una campaña para intentar ingresar cambios a la normativa, mientras que los taxistas han insistido en las críticas por la tardanza en las diligencias. Esto ya que el proyecto lleva más de tres años de tramitación en el Congreso.
A la preocupación de los conductores de distintos rubros se suma la de los usuarios. ¿Cómo afectará la denominada Ley Uber al día a día de quienes prefieren estas aplicaciones como método de transporte?
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El objetivo de la Ley Uber es regularizar a todas las plataformas de transporte compartido, entre las que también se cuentan a Cabify y Beat, entre otras. De acuerdo a lo señalado por el Diario Financiero a partir de una presentación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ante el Senado, la ley definirá a las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) como personas jurídicas que ponen a disposición de las personas un servicio que permite a un usuario contactar con un conductor para ser trasladado desde un punto a otro.
Para prestar servicios en el país, las empresas deberán constituirse en Chile, contar con giro de transporte remunerado, haber iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), tener contratados seguros de responsabilidad civil y de vida para los conductores y sus pasajeros, y un sistema para recibir reclamos y denuncias.
Si la ley entra en vigencia, se creará un registro público con la información de las empresas y otro con la de los conductores y los vehículos. Los conductores tendrán un plazo de tres meses para inscribirse y, una vez pasado el plazo, la inscripción se suspenderá por 12 meses.
Además, los conductores deberán tener licencia profesional para transportar pasajeros (A-1, A-2 o A-3) y presentar sus certificados de antecedentes.
Los vehículos utilizados para estas labores tendrán los mismos requisitos que los taxis básicos, con exigencias de seguridad, antigüedad, y parámetros técnicos y tecnológicos. A la vez, deberán portar un distintivo para su identificación en la calle.
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Otra de las disposiciones de la normativa es que las aplicaciones móviles no podrán operar en modalidad “pool”, con lo que hasta ahora permiten que los usuarios compartan sus viajes con otros.
Por otro lado, los taxis estarán habilitados para adscribirse a las EAT y usar aplicaciones móviles para facilitar el servicio y el cobro. Los taxis colectivos, en tanto, quedan excluidos de trabajar con las EAT.
Para las infracciones a la normativa se disponen una serie de multas de las cuales no estarán excluidos los pasajeros. Quienes fueran descubiertos aceptando la prestación irregular de servicios a sabiendas arriesgarán desde 1 a 3 UTM (hasta cerca de $147.000). La multa es de entre 3 y 5 UTM (hasta cerca de $245.165) si se entorpeciere la fiscalización.
Por su parte, y bajo a campaña #NoFrenemos, Uber ha difundido los efectos que tendría la Ley Uber de no realizarse modificaciones. En ella han señalado que existen 85 mil socios conductores que todos los meses usan la plataforma para generar ganancias adicionales, de los cuales 70 mil quedarían “sin esta oportunidad” ya que no tienen licencia profesional.
Desde la empresa también destacaron que a los socios que no tienen licencia les tomaría siete años obtener el documento “con la capacidad actual”. Además, advirtieron que no hay escuelas disponibles en todas las regiones de Chile y que el costo promedio para obtener la licencia es de $400 mil.
Además, el 80% de los usuarios de Uber no tendrían acceso a pedir viajes y los tiempos de espera y los precios se triplicarían en zonas donde el servicio esté disponible, lo que en Santiago se circunscribiría a sólo cinco comunas.
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Cabify, que participó en la discusión en la Comisión de Transporte del Senado, propuso modernizar el formato de obtención de la licencia profesional a través de cursos e-learning con el fin de que evitar la disminución abrupta del número de conductores en todas las aplicaciones, “lo que a la larga se traduce en que aumentarán las tarifas en desmedro de los usuarios y aumentarán las cifras de desempleo“, señalaron desde la empresa.
A la vez, también han criticado el plazo de tres meses para el registro de conductores. Para ellos, el proceso debe ser abierto porque “los socios conductores duran en promedio seis meses en la aplicación, limitarlos y cerrarlos generaría una sobre demanda y una caída considerable de este tipo de servicio”.
desde la cúpula comunista, acusaron a la gestión del nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes de "detener y afectar" el permiso para la realización del evento que estaba programado para el 4 y 5 de enero de 2025 en el Parque O'Higgins.
